El deslizamiento de tierra ocurrido el 10 de septiembre de 2021 en el Cerro del Chiquihuite, Estado de México, marcó un punto de inflexión sobre los riesgos que enfrentan las miles de personas que habitan en laderas y zonas montañosas del país. Esta tragedia, dejó cuatro fallecidos y desplazó a numerosas familias, así mismo evidenció cómo la expansión urbana en áreas de difícil acceso se combina con la falta de alternativas habitacionales seguras y la ausencia de regulación efectiva.
La problemática no es exclusiva de este lugar en México, con su geografía compleja y cadenas montañosas como la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico, presenta un terreno que obliga a la población a establecerse en valles, mesetas y, cada vez más, en cerros y barrancas. En la Zona Metropolitana del Valle de México, áreas como el Ajusco, la Sierra de Guadalupe y el Cerro de la Estrella ilustran cómo la presión demográfica y la falta de suelo accesible han llevado a la ocupación de terrenos inestables, muchas veces sin infraestructura ni servicios adecuados.
Esta expansión sobre terrenos accidentados ha dejado en evidencia profundas desigualdades. Mientras la urbanización informal en cerros está asociada a sectores de bajos ingresos que construyen de forma autogestiva, también existen desarrollos de alto nivel en laderas, como en Santa Fe, donde la vista y la exclusividad se convierten en valor agregado. Esta dualidad resalta que la topografía puede ser un factor de riesgo o de privilegio, dependiendo de los recursos y la planificación.
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Desigualdad en el acceso a vivienda segura
El crecimiento de las ciudades mexicanas hacia zonas montañosas y periféricas ha sido impulsado por políticas que favorecieron el sector inmobiliario, especialmente desde los años 2000. Sin embargo, la falta de infraestructura y la planeación territorial limitada han creado un ciclo de vulnerabilidad: las familias con menores recursos, excluidas de la vivienda formal, optan por asentamientos irregulares en cerros, donde el suelo es más barato y la supervisión regulatoria es escasa.
En contraste, los desarrollos dirigidos a sectores de ingresos medios y altos incorporan tecnología y estudios de ingeniería que minimizan riesgos. Así, la brecha entre quienes pueden costear medidas de seguridad y quienes no, se acentúa. Los hogares autoconstruidos en pendientes pronunciadas, carentes de estudios geotécnicos y sistemas de contención adecuados, quedan expuestos a deslaves y fallas estructurales.
El desarrollo habitacional en estas zonas no solo representa un reto técnico, sino también un reflejo de la falta de acceso real a casas bien localizada para poblaciones más vulnerables.
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Rutas de acción frente al riesgo
A pesar de contar con un marco legal robusto, como la Ley General de Asentamientos Humanos, la aplicación de la normativa enfrenta obstáculos considerables: insuficiencia de recursos municipales, corrupción en el sector inmobiliario y falta de cultura de prevención. En muchas comunidades, la convivencia con el riesgo se ha normalizado y la supervisión efectiva de las construcciones sigue siendo limitada.
Frente a este panorama, los especialistas proponen una perspectiva integral que combine planeación territorial, gestión de riesgos y recaudación fiscal. La actualización de catastros, la implementación de atlas de riesgo, el monitoreo constante de laderas y la creación de sistemas de alerta temprana son herramientas viables, pero que requieren inversión y, sobre todo, voluntad política. Más que prohibir la construcción en cerros, es fundamental replantear el modelo de crecimiento urbano y priorizar la densificación planificada en zonas seguras.
La colaboración entre distintos niveles de gobierno, la sociedad y el sector privado resulta clave para evitar que la expansión urbana siga empujando a los sectores más desfavorecidos hacia terrenos inseguros.
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Impacto ambiental y social de la urbanización en cerros
Los cerros que rodean a la Ciudad de México y otras grandes urbes no solo albergan viviendas, sino también ecosistemas fundamentales. Estos espacios proveen servicios ambientales como la captura de carbono, la recarga de acuíferos y la regulación del microclima, además de ser hogar de especies endémicas y ofrecer oportunidades económicas a través del manejo forestal sustentable.
La pérdida de cobertura vegetal, resultado de la urbanización y la deforestación, agrava la erosión del suelo y disminuye la capacidad de infiltración de agua, aumentando la vulnerabilidad ante lluvias intensas y el cambio climático. Mantener los cerros con vegetación y áreas verdes es vital para la estabilidad ambiental y la calidad de vida urbana.
El reto no es solo contener la expansión sobre estas zonas, sino construir un modelo urbano que equilibre desarrollo, equidad y sustentabilidad. Apostar por soluciones integrales permitirá evitar que la búsqueda de vivienda siga resolviéndose en los márgenes, donde los riesgos naturales se combinan con la desigualdad social.
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