La movilidad de niñas, niños y adolescentes en México ha dejado de ser solo de tránsito, pues ahora expone la discriminación y el riesgo de violencia que enfrentan en el país, mientras se mantienen a la espera de tener un hogar donde crecer.
De acuerdo con el informe Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, de Plan International México y el PDH Ibero, realizado entre enero y marzo de 2026, hoy, muchas infancias migrantes viven una espera prolongada o un asentamiento de facto ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.
Esto ocasionó que desde 2025 México limita el paso y empuja a familias, niñas, niños y adolescentes a permanecer en territorio mexicano.
El estiudio, realizado entre enero y marzo de 2026, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Tapachula, Chiapas, y Ciudad de México, documentó que México se consolida como país de destino para infancias migrantes y población desplazada interna, sin que cambien al mismo ritmo las condiciones, los servicios ni la protección que requieren.
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Tapachula opera como un espacio de contención migratoria, donde miles de personas, principalmente del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y en menor medida de África, quedan varadas mientras esperan regularizarse o avanzar.
En Ciudad de México, la estancia se vuelve prolongada: se reconfiguran trayectorias y crecen los obstáculos para integrarse.
Mientras que Ciudad Juárez concentra la espera indefinida: tras el cierre de vías y aplicaciones como CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos, cientos de menores de edad y sus familias permanecen sin acceso regular a escuela, sin claridad sobre su futuro y expuestos a violencia y explotación.
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Estas configuraciones territoriales modifican la vida cotidiana y el acceso a derechos como educación, vivienda, regularización migratoria y protección.
Tapachula, Ciudad de México y Ciudad Juárez concentran tres formas de espera
Migrar no es una decisión voluntaria para la mayoría. El informe identifica tres causas principales: factores económicos, violencia criminal y reunificación familiar.
En el caso de menores de edad de origen mexicano, los desplazamientos internos se vinculan con amenazas, extorsión y presencia de grupos armados.
Entre menores de edad extranjeras residentes en Ciudad Juárez, 33% reporta huir de violencia vinculada con narcotráfico y crimen organizado. En Tapachula, 85% señala que México es su destino final.
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En Ciudad de México, 50% no tiene del todo claras las razones de su salida, lo que apunta a la escasa participación infantil en decisiones familiares de movilidad.
Las trayectorias son largas y de alto riesgo
La muestra incluye principalmente menores de edad provenientes de Venezuela (35.8%), Cuba (22.6%) y Honduras (11.3%).
Para quienes no tienen pasaporte, la ruta terrestre y marítima implica atravesar el Tapón del Darién, donde entre 2014 y marzo de 2026 murieron 77 niñas, niños y adolescentes, además de enfrentar extorsiones, robos y secuestros por parte de grupos criminales.
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Durante el trayecto y en México, 60% reporta incidentes de protección. Además, 42% sufre delitos como robos y fraudes en el Darién.
Niñas y adolescentes haitianas describen de forma recurrente acoso sexual, acoso verbal, tocamientos no consentidos y persecución en el espacio público.
No hay una edad “blindada” por sí misma. El informe registra adolescentes que viajan solos, menores de edad que asumen responsabilidades de adultos y casos de trabajo agrícola en el norte, como en Chihuahua, donde acompañan y ayudan a familiares en jornadas extensas durante la pizca de chile.
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La desprotección se sostiene en carencias materiales, barreras escolares y miedo a la autoridad
La llegada a México no implica el fin del riesgo. En albergues y asentamientos informales, el documento reporta sobrepoblación y carencias materiales: letrinas sin privacidad, falta de agua potable y viviendas improvisadas.
También identifica ausencia de atención psicológica y de servicios de salud mental especializados, pese al trauma acumulado durante el trayecto y la estancia.
En educación, el acceso se limita por obstáculos burocráticos y exigencia de documentos que muchas familias no pueden presentar.
En la práctica, numerosas infancias quedan en programas transitorios o “círculos de aprendizaje” de organizaciones sociales, sin incorporarse a la escuela formal del Estado.
Se suma la discriminación
El informe recoge expresiones de racismo, xenofobia y estigmatización. En Tapachula, adolescentes haitianos afirman: “Ser negro es un crimen”. En Ciudad de México, niñas reportan segregación escolar e insultos como “regrésate a tu país”.
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El temor a las autoridades aparece como constante. El control y la vigilancia por la Guardia Nacional, Sedena y policías locales inhiben el acercamiento a instituciones, por miedo a detenciones o separaciones familiares.
Enfrentan violencia de género y asumen roles de proveedor
Las niñas y adolescentes enfrentan riesgos diferenciados: violencia de género, sexualización y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. En Ciudad de México, el informe documenta embarazos en la adolescencia, con efectos como deserción escolar y ciclos de dependencia económica y social.
En el caso de niños y adolescentes varones, el documento señala la asunción temprana del rol de “proveedor”.
Ante la falta de integración laboral legal para sus familias, algunos recurren a la mendicidad. También se reporta riesgo de reclutamiento por grupos criminales en zonas agrícolas del norte.
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Frente a la falta de respuesta institucional suficiente, las redes familiares y comunitarias operan como contención.
La unidad familiar y los pares ayudan a socializar y amortiguar el trauma, aunque no siempre alcanzan para procesar experiencias de violencia o duelo.
En este sentido, el deporte y el juego aparecen como recursos de supervivencia emocional: en el campamento Vallejo, en la capital, niñas y niños migrantes forman un equipo de futbol llamado “Los Galácticos”, con un ajolote como mascota que “se regenera, como nosotros”.
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La invisibilidad también se vuelve estrategia, sobre todo en Tapachula, donde menores de edad no acompañados evitan el contacto con autoridades por miedo a detención o institucionalización.
Reconocen derechos, pero hay obstáculos administrativos
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) contempla protecciones especiales para infancias migrantes y desplazadas, incluidas atención por personal capacitado, principio de no devolución y acceso a salud y educación sin importar nacionalidad.
En la práctica, el acceso se atasca en obstáculos administrativos y operativos. El informe también apunta que la ausencia de leyes específicas para infancias desplazadas internas incrementa su vulnerabilidad.
Organizaciones sociales y comunitarias cubren algunos vacíos con modelos educativos como el Programa de Educación Migrante o esquemas de “casa familiar” en albergues, pero su alcance es limitado frente a la magnitud del fenómeno.
Los riesgos no disminuyen: cambian y se profundizan
La estructura institucional, diseñada para emergencias de paso, no alcanza para un escenario de espera prolongada, sobrecarga emocional y exposición sostenida a explotación laboral, discriminación y violencia de género.
Plantea la necesidad de transitar de un enfoque de emergencia a uno de inclusión y pertenencia, fortalecer la protección en entornos físicos y digitales, impulsar alfabetización digital y participación desde la niñez, y mejorar la formación de autoridades y servicios públicos en derechos de las infancias migrantes, no discriminación y violencia de género.
“Que siempre esté unida con mi familia y que nunca nos separemos”, escribe una niña guatemalteca de 10 años. La búsqueda de pertenencia sostiene la espera: estar a salvo, volver a la escuela, vivir sin miedo y jugar.