La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República aprobó por unanimidad la ruta crítica para analizar la iniciativa que busca expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, una propuesta que pretende establecer un marco jurídico uniforme en todo el país para atender este delito.
El calendario legislativo contempla un proceso de consulta y revisión técnica durante agosto, con el objetivo de elaborar un dictamen que pueda ser discutido por el Pleno del Senado durante el próximo periodo ordinario de sesiones, previsto para septiembre.
Homologar el delito de feminicidio, uno de los principales objetivos
Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que actualmente el feminicidio se investiga y sanciona de manera distinta en las 32 entidades federativas, debido a las diferencias entre los códigos penales estatales.
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Indicó que la iniciativa busca homologar el tipo penal en todo el territorio nacional para evitar criterios distintos en la impartición de justicia y garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento como un posible feminicidio, bajo estándares con perspectiva de género.
Por su parte, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, explicó que la propuesta también pretende fortalecer la prevención, la investigación, la sanción y la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas.
Ruta legislativa aprobada por el Senado
Como parte del proceso de análisis, la comisión acordó desarrollar diversas etapas durante las próximas semanas:
- Estudio técnico y jurídico de la iniciativa durante julio y agosto.
- Apertura de un micrositio para recibir observaciones de legisladores, especialistas, academia, organizaciones civiles y ciudadanía.
- Mesa de diálogo el 18 de agosto con autoridades, expertos, colectivos de víctimas y organizaciones.
- Sistematización y evaluación de las propuestas entre el 19 y el 24 de agosto.
- Elaboración del proyecto de dictamen del 25 al 30 de agosto para su eventual discusión en septiembre.
La iniciativa propone penas de hasta 70 años de prisión
La propuesta enviada por el Ejecutivo federal plantea establecer sanciones de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean responsables del delito de feminicidio, además de impedir beneficios como la libertad anticipada, acuerdos reparatorios, amnistías o indultos.
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También contempla agravantes cuando la víctima sea menor de edad, esté embarazada, tenga alguna discapacidad o cuando el agresor sea servidor público, entre otros supuestos.
Además, prevé la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, con el propósito de identificar y dar seguimiento a las víctimas indirectas para facilitar su acceso a programas sociales, atención médica y mecanismos de protección.
Organizaciones plantean observaciones sobre la propuesta
Aunque diversos sectores han reconocido la intención de homologar la legislación, organizaciones especializadas han planteado observaciones sobre el proyecto.
Entre los principales señalamientos destacan la ausencia de recursos presupuestales adicionales para fortalecer ministerios públicos, fiscalías y servicios periciales, así como el énfasis en el aumento de penas sin atender, desde su perspectiva, problemas estructurales relacionados con la investigación y la impunidad.
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Asimismo, algunas agrupaciones han pedido incorporar una perspectiva más amplia que considere a las diversidades y los casos de transfeminicidio dentro del marco legal.
El proyecto continuará su discusión en el próximo periodo ordinario
Con la aprobación de la ruta crítica, la iniciativa entra en una etapa de análisis técnico y consulta pública antes de su eventual dictaminación.
El Senado prevé que las mesas de trabajo y la recepción de observaciones permitan enriquecer el contenido de la propuesta antes de que sea discutida por las comisiones unidas y posteriormente sometida a votación en el Pleno.
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De ser aprobada, la nueva Ley General establecería criterios obligatorios para la prevención, investigación y sanción del feminicidio en todo México, además de fijar mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de las víctimas y sus familias.