La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias continúa generando reacciones entre actores políticos, especialistas y representantes de los medios de comunicación.
En este contexto, Movimiento Ciudadano expresó su rechazo a la propuesta al considerar que algunas de sus disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y la independencia editorial en radio y televisión.
Durante un posicionamiento, el senador Néstor Camarillo afirmó que los lineamientos impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no buscan proteger a las audiencias, sino establecer mecanismos de control sobre los contenidos informativos.
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El legislador sostuvo que otorgar a una autoridad pública la facultad de supervisar, interpretar y sancionar contenidos con criterios que calificó como ambiguos representa un riesgo para la libertad editorial.
Además, señaló que las multas y la posibilidad de retirar concesiones podrían convertirse en herramientas para presionar a medios de comunicación y voces críticas.
Senador de Movimiento Ciudadano compara la propuesta con la legislación de Puebla
Como parte de sus argumentos, Camarillo hizo referencia a la legislación aprobada en Puebla en materia de ciberseguridad, conocida por la oposición como “Ley Censura”.
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Afirmó que ese caso refleja lo que, a su juicio, podría replicarse a nivel nacional mediante nuevas disposiciones regulatorias.
El senador aseguró que existe una relación entre las iniciativas estatales y los lineamientos federales, al considerar que ambas podrían limitar la crítica hacia funcionarios públicos y generar un entorno menos favorable para el ejercicio de la libertad de expresión.
¿Qué contemplan los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias?
La propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones permanece en consulta pública y busca desarrollar las disposiciones previstas en la legislación vigente para fortalecer los derechos de las audiencias en radio y televisión.
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Entre los principales puntos destacan:
- Distinguir entre información y opinión en los contenidos informativos.
- Garantizar el derecho de réplica.
- Diferenciar la publicidad del contenido editorial.
- Establecer un Código de Ética para las concesionarias.
- Contar con una Defensoría de las Audiencias para atender inconformidades.
- Fortalecer medidas de accesibilidad, como subtitulaje y lengua de señas.
- Contemplar sanciones para concesionarios en caso de incumplimiento, aspecto que actualmente permanece en consulta pública.
Especialistas analizan el alcance de las nuevas disposiciones
La propuesta también ha sido objeto de análisis por parte de especialistas en derecho y comunicación, quienes consideran que algunos apartados podrían generar incertidumbre en la práctica periodística.
Entre las principales observaciones se encuentra la dificultad para separar de manera absoluta la información de la opinión, debido a que el contexto y el análisis forman parte del trabajo informativo.
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Asimismo, algunos expertos advierten sobre un posible “efecto inhibidor”, en el que los medios podrían modificar la presentación de sus contenidos para evitar procedimientos administrativos o eventuales sanciones.
También se han planteado cuestionamientos sobre el procedimiento para atender quejas y el alcance de las facultades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para intervenir en controversias relacionadas con contenidos.
No obstante, especialistas también reconocen aspectos positivos del proyecto, como el fortalecimiento de las Defensorías de las Audiencias, la promoción de contenidos accesibles y la identificación clara de la publicidad.
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Sheinbaum afirma que la propuesta no busca censurar a los medios
Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los lineamientos tengan como objetivo censurar a periodistas o medios de comunicación.
Durante su conferencia de este miércoles explicó que el proyecto continúa en consulta pública y que cualquier ciudadano, empresa o especialista puede presentar observaciones antes de su eventual aprobación.
La mandataria señaló que el propósito de los lineamientos es garantizar los derechos de las audiencias mediante mecanismos como los códigos de ética, las Defensorías de las Audiencias y el derecho de réplica.
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Respecto a las multas previstas para concesionarios, reconoció que se trata del punto que ha generado mayor discusión y precisó que ese mecanismo sigue abierto al análisis dentro del proceso de consulta pública.
Mientras el Gobierno federal sostiene que la propuesta busca fortalecer los derechos de las audiencias, legisladores de oposición y diversos especialistas continúan debatiendo el alcance que podrían tener estas disposiciones sobre la libertad editorial y el ejercicio periodístico en México.