Los colectivos “Por las Voces sin Justicia”, de Mazatlán, y “Buscando a Jonás”, de Puerto Peñasco, Sonora, localizaron cuatro cuerpos masculinos en la comunidad de El Roble, en el municipio de Elota, Sinaloa, durante una jornada de búsqueda en campo. Los restos presentaban un estado de descomposición que impidió la identificación en el sitio, por lo que las organizaciones publicaron en redes sociales las prendas y objetos hallados junto a cada cuerpo para que las familias con seres queridos desaparecidos puedan reconocerlos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo en su reporte de hechos delictivos del miércoles 15 de julio, en el que precisó que los restos fueron encontrados en un camino de terracería que conduce del poblado El Roble al poblado Los Limoncitos, en el municipio de Elota.
El primer cuerpo masculino llevaba un short playero rojo talla 36 marca Banana Republic, un pantalón Boy Sky talla 33 y un cinto con hebilla en forma de letra “D”. El hombre tenía además un vendaje en el brazo izquierdo, detalle que los colectivos consideraron un elemento diferenciador para el reconocimiento familiar.
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El segundo cuerpo portaba un pantalón Levi’s talla 34 x 30 de probable color negro, un cinto de baqueta negro y una pulsera tejida negra con ojo turco rojo. También se recuperaron calcetines negros cortos y un bóxer de algodón, posiblemente blanco.
El tercer cuerpo vestía un pantalón de mezclilla azul talla 36x30, calcetines azul marino, un cinto de vaqueta y un bóxer blanco. El cuarto presentó una característica forense particular: una pieza molar con restauración metálica color plateado, además de un pantalón de mezclilla azul claro y una camisa blanca.
El llamado al SEMEFO Mazatlán
Los colectivos hicieron un llamado urgente a las familias con personas desaparecidas para que acudan al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mazatlán, donde recibirán orientación y podrán dar seguimiento a los procesos de identificación. Las organizaciones subrayaron que la información existe y que la clave es acudir, preguntar, insistir y dar seguimiento constante.
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Las buscadoras explicaron que colocaron su logo en las imágenes de las prendas porque en ocasiones otros portales difunden el material sin identificar la fuente. El objetivo, precisaron, es que las familias sepan con exactitud a quién dirigirse.
La FGE también reportó ese mismo día el hallazgo de una osamenta sobre la carretera Internacional Sur, frente al fraccionamiento Santa Fe, en la ciudad de Mazatlán, aunque ese caso es independiente al de El Roble.
La crisis de desapariciones en Elota y el sur de Sinaloa
El hallazgo del 15 de julio no fue aislado. Un día antes, el 14 de julio, los mismos colectivos localizaron restos humanos calcinados en un predio cercano a La Cruz, cabecera del municipio de Elota. Junto a los restos encontraron un zapato negro de mujer tipo mocasín, aunque el estado de los huesos impidió determinar el sexo de la víctima.
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El 4 de julio, la FGE ya había reportado otros dos cuerpos en Elota: uno en las inmediaciones del poblado Ensenada y otro cerca de la Autopista Mazatlán-Culiacán. Ninguno de esos casos ha derivado en una identificación oficial hasta la fecha.
“Por las Voces sin Justicia” opera en uno de los estados con mayor crisis de desapariciones del país. La organización, fundada por Alejandra Martínez Carrizales, ha localizado fosas clandestinas en municipios como Concordia y Elota, frecuentemente sin el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa. En abril de 2026, el colectivo denunció públicamente que esa dependencia no intervino durante más de un mes en una zona de El Verde, Concordia, donde ya existían indicios concretos de una fosa con múltiples víctimas.
La opacidad del Estado frente a las fosas
El contexto institucional agrava el panorama que enfrentan colectivos como los que operaron en El Roble. La organización Artículo 19 documentó en su informe Enterrar la verdad: Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México que la transparencia sobre fosas clandestinas retrocedió entre 2024 y 2025: las respuestas de buena calidad cayeron de 57.6% a 39.3%, mientras que las deficientes subieron de 27.3% a 39.3%.
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El análisis se basó en solicitudes de acceso a la información dirigidas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR). Ocho fiscalías que habían entregado datos en 2024 dejaron de hacerlo en 2025, según el informe.
Jessica Alcázar, de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, sostuvo que “el vacío institucional que persiste sobre la información pública relacionada con fosas clandestinas limita el derecho de acceso a la información y debilita la rendición de cuentas”. La activista señaló que la obligación reforzada de transparencia recae particularmente en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Penny Ramírez y Leslie Salazar, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advirtieron que la omisión del Estado es doble: no solo obliga a las familias a buscar con sus propias manos, sino que las condena a reconstruir información que el gobierno en ocasiones oculta. “Desde 2017 se estableció la creación del Registro Nacional de Fosas y hasta hoy es una deuda cruel y una barrera directa contra la justicia”, señalaron.
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Olimpia Montoya, del colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato, expresó durante la presentación del informe que la opacidad del Estado impide a las familias acceder a la información para buscar a sus seres queridos. “Una herramienta puede ser la diferencia para encontrar a nuestros familiares. A pesar de la promesa del Banco Nacional de Datos Forense, hoy no es útil para nosotras”, afirmó.
Pamela Benítez, de Data Cívica, añadió que la falta de información de calidad sobre fosas clandestinas limita la posibilidad de conocer la magnitud de la crisis forense en México. Con ello, precisó, el Estado traslada a la ciudadanía la responsabilidad de reconstruir datos que debería generar, organizar y publicar de manera continua.
Las familias que puedan reconocer alguna de las prendas descritas por los colectivos deben acudir al SEMEFO Mazatlán. El proceso de identificación depende de los estudios periciales y genéticos que se realizan sobre los cuatro cuerpos trasladados tras el hallazgo del 15 de julio.
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