En Sinaloa, los centros de rehabilitación de drogas se han transformado en espacios donde el crimen organizado capta a jóvenes con adicciones, ofreciéndoles droga como forma de pago. Este método, documentado por el International Crisis Group (ICG) en su informe La guerra de los herederos en Sinaloa del 7 de julio de 2026, ayuda a entender por qué los menores de 28 años concentran el 40% de los homicidios y la mitad de los desaparecidos en el estado.
El estudio, basado en más de 50 entrevistas realizadas entre junio de 2025 y mayo de 2026, revela cómo la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos sitúa a toda una generación en el centro de la violencia. “En esta ola de violencia en Sinaloa han muerto y desaparecido más niños, adolescentes y jóvenes que en toda la década anterior”, sostuvo David Mora, analista senior de ICG para México.
Las puertas de entrada al reclutamiento
Antes del conflicto, el Cártel de Sinaloa empleaba hasta 2 mil halcones: jóvenes contratados para vigilar calles y detectar movimientos del Ejército o la policía, con salarios mensuales de entre USD 200 y USD 400. Era un trabajo de bajo riesgo y alta demanda.
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Cuando la guerra se intensificó, esos mismos vigías recibieron órdenes distintas. “Estás en nómina, entonces agarra esta metralleta y sal”, describió a ICG un trabajador social que atiende a menores reclutados en el estado.
La transición de halcón a sicario no requirió adiestramiento. El informe identifica al menos cuatro vías concretas por las que los jóvenes caen en las redes del crimen organizado en Sinaloa.
Cuatro factores que abren la puerta
1. Los centros de rehabilitación sin regulación. Las familias y las autoridades policiales suelen internar allí a menores con adicciones para recibir tratamiento, pero ninguna norma obliga a estas instalaciones a verificar antecedentes del personal ni a contar con dirección médica o psicológica. Ambas facciones del cártel se han infiltrado en estos espacios para reclutar jóvenes o para asesinar a quienes fueron enlistados por el bando contrario. Un medio local contabilizó 17 ataques contra este tipo de centros en siete meses, entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
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2. El sistema de detención juvenil desbordado. El centro de detención juvenil de Sinaloa nunca había albergado a más de diez reclusos a la vez; ahora aloja a decenas. Un abogado defensor relató a ICG que los centros de justicia adolescente registran audiencias encadenadas todos los días, “todos son jóvenes detenidos con drogas o armas”. Los críticos advierten que los jóvenes que aún no pertenecían a grupos criminales al momento de su detención suelen ser reclutados dentro de los propios centros.
3. La influencia cultural y la necesidad de pertenencia. Según una exfiscal de alto rango consultada por ICG, los menores “entran por iniciativa propia a esas actividades del cartel, usualmente en preparatoria o secundaria”. El dinero y “la necesidad de pertenecer a un grupo social” hacían que “las filas de reclutas fueran largas”, añadió el trabajador social.
4. La ausencia de programas de contención. El ICG señala que las transferencias monetarias para estudiantes en situación de pobreza no llegan a los jóvenes en riesgo que sí asisten a la escuela. La brecha entre quienes necesitan apoyo y quienes lo reciben alimenta la vulnerabilidad frente al reclutamiento.
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Las cifras de una generación golpeada
En los primeros diez meses del conflicto murieron al menos 55 menores de edad y cerca de 450 jóvenes de entre 18 y 28 años. La tasa de homicidios para ese grupo alcanzó 74,6 por cada 100 mil habitantes entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, el máximo histórico registrado.
El perfil de los desaparecidos también cambió. Antes del estallido de la guerra, las víctimas de desaparición eran predominantemente hombres de entre 35 y 40 años; hoy, la mitad tiene menos de 28. Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, la fiscalía estatal reportó al menos 512 desaparecidos menores de esa edad: 101 eran menores de edad y 411 tenían entre 18 y 28 años.
Los fiscales estatales y federales imputaron a 52 menores de edad en los primeros doce meses de enfrentamientos por delitos como tráfico de drogas, porte de armas y posesión de estupefacientes. Cientos de jóvenes menores de 24 años enfrentaron cargos similares en el mismo período.
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Lo que el Estado no ha podido contener
La estrategia federal desplegó 15 mil efectivos en Sinaloa y concentró el 80% de esas fuerzas en Culiacán. El resultado fue una reducción de los bloqueos carreteros y los tiroteos abiertos en la capital, pero el conflicto se desplazó hacia las zonas rurales.
“La violencia se ha desplazado a las zonas rurales, mientras que los asesinatos y las desapariciones han continuado en niveles alarmantes”, advirtió Mora. Las comunidades alejadas de Culiacán quedaron sin cobertura suficiente.
El informe también registra que soldados asesinaron a dos hermanas de 7 y 11 años el 6 de mayo de 2025 en Badiraguato. Trece militares fueron procesados en tribunales civiles casi un año después del hecho.
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Qué propone el ICG para frenar el reclutamiento
El organismo presentó un conjunto de recomendaciones dirigidas al gobierno mexicano:
- Regular los centros de rehabilitación privados, con exigencia de licencias, verificación de antecedentes del personal y dirección a cargo de profesionales de la medicina y la psicología, más inspecciones periódicas y sorpresivas.
- Ampliar las transferencias monetarias para estudiantes en situación de pobreza en regiones afectadas por la violencia, con criterios que incluyan a los jóvenes en riesgo que asisten a la escuela.
- Separar a los reclusos de alto riesgo de quienes cumplen su primera detención, para cortar las redes de reclutamiento dentro de los centros penitenciarios.
- Crear unidades especializadas de inteligencia penitenciaria capaces de detectar y desarticular esas redes antes de que operen.
- Fortalecer las investigaciones judiciales sobre delitos violentos y narcotráfico, y desmantelar las redes de corrupción que protegen a las organizaciones criminales.
- Reforzar la atención a las víctimas y mejorar los mecanismos de inteligencia orientados a la prevención.
La advertencia sobre la intervención de Estados Unidos
El ICG también analizó la presión que ejerce la administración de Donald Trump sobre México mediante aranceles, la designación de cárteles como organizaciones terroristas y la posibilidad de una intervención militar. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional.
El informe advierte que una acción militar unilateral de Estados Unidos “contribuiría muy poco a debilitar las redes que sustentan el crimen organizado” y podría obligar a México a reducir la cooperación bilateral. “Una intervención militar de EE.UU. en territorio mexicano tendría consecuencias nefastas para la estabilidad del país”, concluye Mora.
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El mercado del fentanilo, mientras tanto, permanece intacto. Consumidores entrevistados en Tijuana confirmaron que una dosis se vende alrededor de 50 pesos, sin variaciones en disponibilidad desde el inicio del conflicto. Fuentes del gobierno de Estados Unidos consultadas por ICG sostienen que la guerra interna entre facciones no ha alterado ni el precio ni el abastecimiento de la droga en las principales ciudades del país vecino.