La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que solicite a la Fiscalía General de la República un informe sobre el caso de Brenda Quevedo Cruz, presunta implicada en el llamado caso Wallace.
La petición surgió este martes durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, tras la pregunta de un reportero que puso sobre la mesa una causa judicial de dos décadas sin resolución.
El periodista presentó a Sheinbaum tres rutas posibles para desbloquear el proceso: que un juez de instrucción emita una sentencia absolutoria, que la FGR retire los cargos o que el gobierno federal intervenga directamente. Añadió que tanto la ONU como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya se pronunciaron a favor de Quevedo, sin que ninguna autoridad haya actuado.
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La respuesta de la mandataria fue breve pero concreta. “Le pedimos a Rosa Isela que le pida a la fiscal que pueda informar”, dijo en referencia a la fiscal general Alejandra Piedra Ibarra. Con esa instrucción, el Ejecutivo federal se involucra por primera vez de forma pública en un expediente que lleva 20 años sin sentencia.
Dos décadas de proceso y una mujer en 80 metros cuadrados
Brenda Quevedo Cruz tiene 45 años y vive confinada en un departamento de 80 metros cuadrados en la Ciudad de México. Lleva año y medio bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico y vigilancia permanente de la Guardia Nacional, tras haber pasado más de 15 años en cuatro penales distintos: Santiaguito, el complejo penitenciario de Morelos, las Islas Marías y el Centro Femenil de Reinserción Social.
El caso Wallace comenzó el 11 de julio de 2005, cuando Hugo Alberto Wallace Miranda, empresario del sector restaurantero y de entretenimiento, fue reportado como desaparecido en la Ciudad de México. Dos días después, su madre formalizó la denuncia e inició una campaña pública que convirtió el caso en uno de los más mediáticos del país.
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De acuerdo con la Fiscalía y la versión oficial, Brenda Quevedo habría participado en el secuestro y presunto asesinato de Wallace junto con otros acusados. La acusación se fundamentó principalmente en declaraciones ministeriales, entre ellas la confesión de Juana Hilda González Lomelí, que años después la Suprema Corte de Justicia invalidó por haber sido obtenida bajo tortura.
A raíz de los hechos, Quevedo fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada a México en 2009. Desde entonces, ha enfrentado un proceso marcado por denuncias de tortura, prisión preventiva prolongada y violaciones al debido proceso. Actualmente, se encuentra bajo aresto domiciliario mientras espera una sentencia, lo que la convierte en una de las figuras centrales y más visibles entre los acusados del caso Wallace.
Lo que documentan la ONU y la CNDH
La Jornada entrevistó a Quevedo en el departamento donde cumple su condena domiciliaria. Ella describió dos episodios de tortura física y sexual: el primero en el Cefereso de Santiaguito, en noviembre de 2009, y el segundo en las Islas Marías, el 12 de octubre de 2010. “Querían que firmara una confesión admitiendo el asesinato”, relató al medio. “No firmé nada”.
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Sobre la cadena de complicidades que sostiene el caso, Quevedo fue directa ante La Jornada: “Casi todos están activos”, en referencia a los funcionarios que, según ella, participaron o fueron omisos en las irregularidades del proceso. Añadió que la resolución de la Corte en favor de González Lomelí debería impactar de inmediato los expedientes de los demás implicados, pero que, un año después de ese fallo, “nada se movió”.
El historial de organismos que ya se pronunciaron
La CNDH emitió en 2023 un informe que reconoció violaciones al debido proceso y actos de tortura física y sexual en el caso de Quevedo. En 2025, el organismo volvió a intervenir para documentar afectaciones a sus familiares. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, por su parte, concluyó en 2020 que el encarcelamiento de Quevedo fue injustificado y arbitrario, y recomendó su liberación inmediata.
A esas instancias se suma que en agosto de 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para la preliberación de presos cuya única prueba condenatoria sea una confesión obtenida bajo tortura o que lleven 10 o más años en prisión sin sentencia. Quevedo cumple ambas condiciones, pero el decreto no se aplicó en su caso.
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La defensa y el siguiente paso
La abogada Karla Micheel Salas encabeza el equipo legal que ya promovió amparos para exigir el cierre del expediente y una resolución definitiva. La defensa sostiene que la invalidación de las pruebas en el caso de González Lomelí debe impactar de forma directa en los expedientes de los demás procesados, dado que las evidencias son las mismas.
Con la instrucción de Sheinbaum, el expediente de Quevedo llega por primera vez a la agenda pública del gobierno federal en funciones. La respuesta de la Fiscalía determinará si el caso avanza o si se suma a la larga lista de causas que, como señaló el reportero en la mañanera, arrastran los gobiernos anteriores sin resolución.