Por cada cien delitos que se cometen en México, apenas uno encuentra una respuesta favorable para la víctima. El resto queda atrapado entre la falta de denuncias, investigaciones inconclusas, archivos temporales y un sistema de procuración de justicia que sigue sin responder a la magnitud de la violencia y la criminalidad.
Ese es el diagnóstico que presenta el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, investigación elaborada por la organización Impunidad Cero, que revela un panorama preocupante para las instituciones encargadas de investigar los delitos.
El estudio concluye que las fiscalías estatales operan con profundas desigualdades, rezagos estructurales y una limitada capacidad para llevar los casos ante un juez, lo que mantiene a la impunidad como una de las principales deudas del Estado mexicano.
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Durante 2024 se estima que en el país se cometieron 33.5 millones de delitos. Sin embargo, sólo 9.6 por ciento fueron denunciados ante las autoridades. De esas denuncias, únicamente 6.8 por ciento derivó en una carpeta de investigación y apenas 0.85 por ciento concluyó con un resultado favorable para las víctimas. En términos prácticos, menos de un delito de cada cien logra recorrer el largo camino que va desde la denuncia hasta una resolución efectiva.
Para Impunidad Cero, esta cifra resume el principal desafío de la procuración de justicia en México: la mayoría de los delitos nunca llega a investigarse plenamente y una proporción aún menor termina con una respuesta institucional.
Las fiscalías que no logran responder
La investigación evalúa el desempeño de las 32 fiscalías estatales a partir de indicadores relacionados con su capacidad de investigación, efectividad, recursos humanos, infraestructura, confianza ciudadana y resultados.
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El análisis muestra que existen diferencias importantes entre las entidades, pero también un problema común: la mayoría enfrenta dificultades para transformar las denuncias en investigaciones sólidas y procesos judiciales exitosos.
El informe advierte que disponer de un mayor presupuesto no garantiza mejores resultados. Algunas fiscalías con recursos limitados presentan indicadores superiores a instituciones con mayor financiamiento, lo que evidencia que la eficiencia también depende de la organización interna, la profesionalización de los ministerios públicos, la coordinación con las policías de investigación y el uso de herramientas tecnológicas.
No obstante, las entidades con peores evaluaciones comparten características similares: alta carga de trabajo por agente del Ministerio Público, escasa capacidad de investigación, bajos niveles de confianza ciudadana y un reducido porcentaje de casos que llegan ante un juez.
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Impunidad permea en México
La impunidad adquiere dimensiones más graves cuando se analizan los delitos de alto impacto. De acuerdo con el estudio de Impunidad Cero, sólo seis de cada cien homicidios dolosos cometidos entre 2016 y 2021 fueron esclarecidos. En materia de desapariciones, la situación resulta aún más crítica: la organización estima una impunidad cercana al 100 por ciento, ya que menos del uno por ciento de los casos concluye con una sentencia.
Aunque las fiscalías destinan buena parte de sus recursos a investigar robos, violencia familiar, lesiones, amenazas y daños a la propiedad, los delitos de mayor violencia siguen representando el principal reto institucional.
El tiempo, un factor que juega en contra de los denunciantes
Para las víctimas, acceder a la justicia comienza con un obstáculo que pocas veces aparece en las estadísticas: el tiempo.
El IEDF documenta que 34 por ciento de quienes acudieron a denunciar tardó más de cuatro horas en ser atendido por el Ministerio Público. Sólo una de cada diez personas logró presentar su denuncia en menos de una hora. Estados como Estado de México, Oaxaca, Morelos, Ciudad de México y Puebla, registran algunos de los mayores tiempos de espera del país.
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Estas demoras no sólo generan frustración. También desalientan la denuncia y fortalecen la llamada “cifra negra”, es decir, los millones de delitos que nunca llegan al conocimiento de las autoridades porque las víctimas consideran que denunciar no servirá de nada.
Apenas 11 por ciento de la población manifestó tener mucha confianza en las fiscalías y ministerios públicos, un indicador que prácticamente no ha mejorado en la última década.
Mientras Nuevo León, Coahuila y Chiapas registran los niveles más altos de confianza, Ciudad de México y Estado de México se ubican entre las entidades peor evaluadas.
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