El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyo germen se remonta a 1948, nació como herramienta para proteger la dignidad humana; para facilitar, empleando una formulación de Kant, que, dentro de ese ámbito territorial específico, todo ser humano sea tratado siempre como un fin y nunca meramente como un medio. Para lograrlo, se buscó asegurar que los Estados que forman parte del Sistema reconozcan, protejan y promuevan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La idea que está en la base es que un Estado apoyado sobre estos tres pilares —que deben estar en equilibrio— hace más difícil el abuso de poder, la instrumentalización del ser humano.
El balance general de lo ocurrido desde 1948 hasta hoy es positivo: los dos órganos principales del Sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, han llevado adelante un trabajo fecundo: la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la participación política…: son vastos los ámbitos en los que se han verificado avances notables.
Dentro de ese contexto en general positivo emergen, no obstante, algunas sombras. Por mencionar sólo algunas, los órganos del Sistema han avanzado no sin polémica en la creación del así llamado “control de convencionalidad” —de no sencilla compatibilización con el control de constitucionalidad—, en la afirmación de la usticiabilidad directa de los derechos sociales, en el reconocimiento —aunque no frontal— de la eficacia horizontal de los derechos. Todo ello de la mano de una teoría de la interpretación de los derechos reconocidos en la Convención que ha sido calificada muchas veces como “activista”, es decir, violatoria de la competencia que la propia norma internacional asignó a los órganos del Sistema.
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Un ejemplo actual de estos desbordes lo constituye la creación de los “Grupos interdisciplinares de expertos independientes” (GIEI), creados por la Comisión Interamericana para desarrollar una función de “coadyuvancia” a los Estados en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de un mecanismo especial que se ha creado para México (2014), Nicaragua (2018), Bolivia (2019) y Honduras (2025). En cada uno de estos países se produjeron “acuerdos constitutivos” entre la Comisión y el Estado que dieron lugar a la instalación en el lugar de grupos de personas “expertas”, “independientes” e “interdisciplinares” con el deber de llevar adelante lo establecido en esos acuerdos. Los resultados que se han alcanzado hasta el momento no han sido buenos: como fueron más allá de su proclamada coadyuvancia, e incluso llegaron a hacer “recomendaciones” de “cumplimiento obligatorio” por parte de los Estados, acabaron afectando la independencia de los poderes judiciales de los países implicados. En algún caso, incluso, no quedó nada claro que los expertos seleccionados fueran realmente independientes. Se generaron así “juicios paralelos” en los que acusación y juez coincidieron en el propio GIEI. Por este camino, el ansiado equilibrio entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos se torna en esos casos una quimera, y son en última instancia los propios derechos humanos los que se ven afectados. Urge un replanteamiento de los GIEIs por parte de la Comisión Interamericana. Sin él, continuarán teniendo un efecto paradójico: afectarán de modo negativo aquello que con ellos se busca proteger.
Juan Cianciardo. (Buenos Aires, 1971) es argentino y español. Doctor en Derecho. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Navarra, Profesor Visitante de la Universidad Panamericana. Luego de obtener el Grado en Derecho trabajó un año en la Corte Suprema de su país natal. Con 24 años viajó a España donde comenzó su Doctorado en Derecho, que concluyó tres años después, en 1999. Ese mismo año regresó a Buenos Aires y se incorporó a la Universidad Austral; tiempo después ingresó por concurso de antecedentes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina (CONICET), principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Ingresó a esta institución en la Carrera de Investigador como Investigador Asistente y luego de sucesivas acreditaciones fue ascendido a Investigador Adjunto y a Investigador Independiente (equivalente a lo que en el sistema español sería Científico Titular del CSIC).