El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, volvió a colocar a Oaxaca en el foco de atención por los ataques contra autoridades locales. El edil, emanado del PAN, fue asesinado el pasado 13 de junio cuando un grupo armado le disparó en su domicilio. Su muerte ocurrió semanas después de que solicitara protección a las autoridades estatales tras haber sobrevivido a una agresión previa, según versiones difundidas por actores políticos y medios locales.
Con este caso, suman cinco presidentes municipales o alcaldes electos asesinados en Oaxaca desde 2022. Los homicidios han ocurrido en distintas regiones de la entidad y han tenido como víctimas a autoridades en funciones o próximas a asumir el cargo, lo que ha mantenido la atención sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los gobiernos municipales.
Ataque en el Palacio Municipal de San Mateo Piñas
El antecedente más reciente antes del crimen de Bravo ocurrió el 15 de junio de 2025 en San Mateo Piñas, municipio de la Sierra Sur. Ese día fue asesinada la presidenta municipal Lilia Gema García Soto durante un ataque armado perpetrado dentro del Palacio Municipal. De acuerdo con las investigaciones iniciales, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra la alcaldesa y otras personas que se encontraban en el lugar. En el mismo hecho murió un funcionario municipal. El ataque provocó la movilización de corporaciones estatales y federales, además de una investigación especial por parte de la Fiscalía General del Estado.
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Emboscada en Santiago Amoltepec
Semanas antes, el 15 de mayo de 2025, fue asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec. Los reportes oficiales señalaron que el edil fue atacado en una emboscada junto con otras personas mientras transitaba por una zona de ese municipio de la Sierra Sur. El ataque dejó varias víctimas mortales y generó una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la región. El caso colocó nuevamente a Oaxaca en el debate nacional sobre la violencia contra autoridades municipales.
Ataque con arma blanca en Candelaria Loxicha
Otro de los homicidios que conmocionó a la entidad fue el de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha. El alcalde fue asesinado en octubre de 2024 luego de ser atacado con un arma blanca. De acuerdo con los reportes difundidos entonces, Ruiz Bohórquez fue localizado herido y trasladado para recibir atención médica; sin embargo, falleció a consecuencia de las lesiones.
Asesinato del alcalde electo de San Pedro Mixtepec
La lista también incluye a Crispín Hernández Vásquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec. Hernández fue asesinado en noviembre de 2022, semanas antes de asumir el cargo para el que había sido elegido bajo el sistema normativo interno de su comunidad. Su muerte fue considerada uno de los hechos de violencia política más relevantes de ese año en Oaxaca y derivó en exigencias de justicia por parte de habitantes y autoridades locales.
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Los casos registrados desde 2022 muestran que los ataques han ocurrido en diferentes regiones de Oaxaca, incluyendo la Costa, la Sierra Sur y la Mixteca. Aunque las circunstancias de cada homicidio son distintas, todos tuvieron como víctimas a autoridades municipales que ocupaban o estaban por ocupar posiciones de gobierno en sus comunidades.
El asesinato de Joel Ángel Bravo ocurre además en un contexto en el que Oaxaca ha registrado niveles de violencia que han llamado la atención de autoridades federales y organizaciones civiles. De acuerdo con estadísticas oficiales, la entidad se encuentra entre los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos en el país y ha enfrentado diversos desafíos en materia de seguridad pública.
Tras el crimen ocurrido en San Miguel Amatitlán, la Fiscalía General del Estado informó el inicio de las investigaciones correspondientes y el despliegue de operativos para localizar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.
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Con la muerte de Joel Ángel Bravo, Oaxaca acumula cinco asesinatos de alcaldes o alcaldes electos en menos de cuatro años, una cifra que mantiene vigente la preocupación por la seguridad de las autoridades municipales en distintas regiones del estado.