Congreso mexiquense aprueba hasta 10 años de prisión para funcionarios que omitan investigar delitos contra mujeres

Comisiones unidas de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México aprobaron sanciones de hasta 10 años de prisión para funcionarios que omitan investigar delitos cometidos contra mujeres por razón de género, y se estableció la obligación de actuar con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres.

La nueva normativa busca combatir la impunidad y fortalecer el acceso a la justicia para víctimas y familiares, en un contexto donde el Estado de México concentra el mayor número de feminicidios en el país.

El Estado de México concentra el 35% de los feminicidios registrados en 2025 dentro de municipios con Alerta de Violencia de Género. En 2026, la entidad destina más de 260 millones de pesos al combate de este delito, pero las diputadas advirtieron que la inversión debe ir acompañada de cambios sustanciales en la ley.

Funcionarios sancionados con prisión, multas e inhabilitación

Las comisiones para la Igualdad de Género y Procuración y Administración de Justicia avalaron que servidores públicos de procuración y administración de justicia que incurran en corrupción, omisiones, negligencias o que obstruyan investigaciones relacionadas con violencia de género enfrenten penas de cárcel, además de 100 a 150 días de multa y la destitución o inhabilitación del cargo.

La propuesta, impulsada por la diputada Jennifer Nathalie González López de Morena, establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debe investigar cada muerte violenta de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género y debida diligencia. González López afirmó que la iniciativa fortalece a las instituciones y garantiza que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente.

La diputada subrayó que la reforma retoma propuestas de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010 en Chimalhuacán, y que incorpora parámetros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecidos tras la sentencia del 25 de marzo de 2015, cuando el caso se reabrió para ser analizado desde una perspectiva de género.

Nueva tipificación y retos estructurales

Durante la discusión, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez de Morena expuso que las investigaciones sobre feminicidio en la entidad enfrentan deficiencias sistemáticas: pérdida de evidencia, falta de exhaustividad en carpetas y ausencia de perspectiva de género en peritajes iniciales. Destacó que la iniciativa podría contribuir a disminuir los feminicidios y sancionar a quienes obstaculicen la justicia.

La legisladora Luisa Esmeralda Navarro Hernández señaló que el proyecto legislativo evitará que carpetas de investigación se cierren bajo el argumento de suicidio, como ocurrió en el caso de Mariana Lima. Añadió que la aprobación responde a las demandas sociales para garantizar justicia y protección de los derechos humanos de las víctimas.

El diputado Octavio Martínez Vargas recordó que varios municipios mexiquenses cuentan con declaratoria por feminicidio y desaparición, y cuestionó la permanencia de la fiscal central de Género y la falta de mujeres médicas legistas en la FGJEM, señalando que muchas muertes de mujeres se clasifican como suicidios.

La diputada Selina Trujillo Arizmendi coincidió en la necesidad de incorporar médicas legistas, pues la actuación de médicos legistas hombres puede revictimizar a las víctimas y dificultar la atención de los casos. También destacó la importancia de fortalecer la prevención de la violencia mediante redes de apoyo, atención psicológica y jurídica, así como la autonomía económica de las mujeres.

La justicia con rostro de víctima

La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión Legislativa de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, afirmó que la reforma reconoce la lucha de familiares como Irinea Buendía y del abogado Pablo Navarrete Gutiérrez, quienes han llevado casos paradigmáticos ante la justicia. Leyva Piñón resaltó que, por primera vez, se tipifica de manera autónoma el delito de negación de la justicia por razones de género, sancionando a servidores públicos negligentes.

La legisladora sostuvo que la aprobación coloca al Estado de México a la vanguardia nacional y manda el mensaje de que la omisión y la complicidad institucional también serán castigadas.

El Código Penal estatal ya contempla penas de 40 a 70 años de prisión para feminicidio y transfeminicidio, con multas que pueden incrementarse por agravantes. Ahora, la omisión o negligencia en la investigación por parte de funcionarios también será motivo de sanción penal.