El caso legal que enfrenta Grupo Vanguardia volvió a escalar luego de que la empresa acusara a un tribunal federal de haber omitido una disposición de la Ley de Amparo al resolver un recurso promovido por una de sus compañías, situación que, según el corporativo, podría sentar un precedente preocupante para futuros litigios en México.
La controversia gira en torno a un juicio de amparo promovido por Inmobiliaria Casanar S.A. de C.V., empresa perteneciente al grupo editorial, en el contexto de un procedimiento relacionado con el embargo de bienes. De acuerdo con la compañía, el tribunal negó la protección federal tras interpretar de manera incompleta una causal de improcedencia contemplada en la legislación vigente.
Según la denuncia difundida por Grupo Vanguardia, los magistrados habrían transcrito el artículo correspondiente de la ley, pero excluyendo un inciso que, a juicio de la empresa, resultaba determinante para el análisis del caso. La firma sostiene que esta omisión alteró el sentido de la resolución y afectó sus posibilidades de defensa jurídica.
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Expertos alertan sobre prácticas de dilación y hostigamiento
Paralelamente, especialistas consultados por Vanguardia señalaron que, pese a los recientes cambios en la integración del Poder Judicial, persisten estructuras operativas que continúan reproduciendo prácticas de dilación procesal, retrasos injustificados y presunto hostigamiento judicial.
Entre las voces citadas se encuentra la de abogados que consideran que parte del funcionamiento cotidiano de los tribunales sigue dependiendo de personal técnico y secretarios proyectistas, quienes mantienen influencia significativa en la elaboración de resoluciones judiciales. De acuerdo con estos especialistas, ello podría explicar la permanencia de criterios cuestionados incluso después de la renovación de algunos cargos jurisdiccionales.
Detención del director de Vanguardia MX suma preocupación por la libertad de prensa en México
El caso judicial que enfrenta Grupo Vanguardia también ha reavivado las preocupaciones sobre la situación de la libertad de prensa en México, particularmente tras la detención ocurrida en enero de 2026 de Armando Castilla, director editorial de Vanguardia MX, un episodio que organizaciones defensoras de periodistas calificaron como un ejemplo de presunto acoso judicial contra medios de comunicación.
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De acuerdo con reportes difundidos entonces, la aprehensión de Castilla se produjo en el marco de un litigio de carácter mercantil relacionado con una disputa empresarial. Sin embargo, diversas voces del ámbito periodístico y de derechos humanos advirtieron que el caso podría tener implicaciones más amplias para el ejercicio del periodismo y la protección de la libertad de expresión.
Organizaciones como Artículo 19 y especialistas en defensa de periodistas señalaron que el uso de procesos judiciales contra comunicadores puede convertirse en una forma indirecta de presión cuando las acciones legales generan efectos inhibitorios sobre la labor informativa. En ese contexto, destacaron la necesidad de garantizar que cualquier procedimiento se desarrolle con pleno respeto al debido proceso y sin afectar el trabajo periodístico.
La detención de Castilla se sumó a otros episodios documentados en el país en los que periodistas y medios han denunciado el uso de demandas, investigaciones o recursos legales como mecanismos de desgaste económico y profesional. Para expertos en libertad de expresión, estas prácticas representan uno de los principales desafíos para el periodismo mexicano, especialmente en entidades donde los medios mantienen una cobertura crítica de asuntos políticos o empresariales.
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Ahora, con las acusaciones de Grupo Vanguardia sobre presuntas omisiones en un juicio de amparo y posibles prácticas de dilación dentro del sistema judicial, el debate ha vuelto a centrarse en la necesidad de fortalecer las garantías institucionales que protegen tanto el acceso a la justicia como la libertad de prensa, dos pilares fundamentales en una sociedad democrática.