El pasado miércoles 3 de junio se dio a conocer que trece de los 92 narcotraficantes que fueron expulsados de México y llevados a Estados Unidos (EEUU) entre los años 2025 y 2026, solicitaron formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia encabezada por Roberto Velasco Álvarez, asistencia consular para ser repatriados y juzgados en México.
Entre los narcotraficantes que solicitaron esto se encuentran seis presuntos operadores de Los Zetas, organización criminal cuyo expediente en tribunales estadounidenses avanza simultáneamente con el proceso contra sus exlíderes máximos, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alas “El Z-40” y “El Z-42”, respectivamente.
El abogado de los presuntos traficantes de droga, Marco Antonio Avilés Huerta, presentó el pasado 3 de junio de 2026 el requerimiento por escrito ante la Cancillería, de acuerdo con informaciónd el medio Zeta de Tijuana, y cuestionó que el Gobierno mexicano aplicara el debido a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, pero no a sus clientes, quienes enfrentan acusaciones por delitos similares a los del político morenista.
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“El día de hoy estamos denunciando que se permitió por parte del Gobierno mexicano ese intervencionismo que para este momento tanto están alardeando de que no debemos permitir”, declaró el litigante al salir de la SRE.
La solicitud de repatriación incluye a Jesús Alberto Galaviz Vega, alias “El Z-13”; Juan Pedro Saldívar Farías, alias “El Z-27”; Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias “El Alfa Metro”; y Ramiro Pérez Moreno, alias “El Rama”, todos señalados como presuntos integrantes de Los Zetas. También incluye a Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, y a Carlos Alberto Monsivais Treviño, alias “La Bola”, del Cártel del Noreste (CDN), organización heredera de Los Zetas con principal zona de influencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El abogado Avilés Huerta no reveló la identidad de los otros siete presuntos extraditables para quienes también gestionó la asistencia consular.
El caso se inserta en el proceso judicial que, en la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington D.C., que se sigue contra los hermanos Treviño Morales, quienes fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 27 de febrero de 2025, y quienes son acusados de empresa criminal continua, conspiración de tráfico de drogas, delitos con arma de fuego y conspiración internacional de lavado de dinero. Ambos se declararon no culpables el 14 de marzo de 2025 ante el juez Trevor McFadden.
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El pasado 12 de septiembre de 2025, el Departamento de Justicia de EEUU dio a conocer al juez McFadden que no solicitaría la pena de muerte contra ninguno de los dos, decisión que fue autorizada por la entonces fiscal general Pam Bondi. El mismo expediente en que se ventila el caso incluyó a Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, ex militar y lugarteniente del Z-40, quien se declaró culpable apenas el 22 de abril de 2026 de conspiración para el narcotráfico internacional y enfrenta sentencia el 30 de octubre próximo, con una pena de entre 10 años de prisión y cadena perpetua.
Avilés Huerta sostuvo que la expulsión de los 92 detenidos constituyó una intervención de EEUU arbitraria e ilegal, al margen de los procedimientos legales contemplados en tratados internacionales y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Debe de existir la voluntad política para que el Gobierno mexicano haga algo para poder restituir en sus derechos a estas personas. ¿Y cómo? Pedir su repatriación”, señaló el abogado. También argumentó que la comparación con el caso Rocha Moya, en el que sí se observó el debido proceso, evidencia un trato desigual, contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley.
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La petición de asistencia consular no implica una postura contradictoria de la Cancillería frente a las expulsiones, dijo el litigante, pues la SRE no forma parte del Gabinete de Seguridad, responsable de ordenar los traslados. En caso de que la Cancillería no respondiera o lo hiciera de manera insatisfactoria, el abogado dijo que promovería un amparo y, de ser necesario, escalaría el litigio ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
Acusa que narcos están limitados de derechos
El abogado también acusó que los narcotraficantes que están en EEUU están limitados de derechos, ya que no tienen derechos a visitas y a sus familiares o se les han negado las visas, o se les han retirado, si es que la tenían.
“La comunicación hacia México es casi nula, o nula en la mayoría de los casos todavía, no se les permite como a cualquier residente en las cárceles de Estados Unidos hacer videollamadas o llamadas ordinarias, porque según para esto, ellos tienen un régimen de excepción, precisamente porque fueron llevados como narcoterroristas, a partir de esa circunstancia que Donald Trump ejerció como parte de la orden Ejecutiva de declarar a los cárteles mexicanos como narcoterroristas, y a partir de ahí tienen esa limitación”, señaló.
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