Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘El Cholo’, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa acusado por Estados Unidos de recibir sobornos de Los Chapitos, presentó una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito de Sinaloa tras el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El bloqueo que motivó el amparo se formalizó mediante el acuerdo 156/2026 de la UIF, emitido el pasado 6 de mayo. El organismo incorporó a Contreras Núñez a la Lista de Personas Bloqueadas junto al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros señalados por el gobierno de Estados Unidos.
El organismo que encabeza Omar Reyes Colmenares aclaró que el bloqueo no implicaba culpabilidad ni era una resolución definitiva, subrayando que los afectados podían impugnarlo mediante la Garantía de Audiencia y otros recursos legales. La UIF precisó que analizaría la documentación de los bloqueados con los mismos criterios que aplica a cualquier reporte bancario.
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Juez acepta amparo pero cuentas seguirán bloqueadas
En su demanda, Contreras Núñez pidió que se anule cualquier orden de bloqueo, cancelación o suspensión de sus cuentas, según documentó Zeta Tijuana. Señala como responsable al titular de la SHCP, entre otras autoridades.
El juez aceptó tramitar el amparo y pidió a las autoridades que expliquen su actuación, pero rechazó detener el bloqueo de cuentas mientras se resuelve el caso.
Las fechas clave son el 9 de junio, cuando se revisará si procede una medida cautelar, y el 2 de julio, cuando el juez decidirá si concede o niega el amparo de fondo.
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¿De qué se le acusa a El Cholo?
Alberto Jorge Contreras Núñez, de 45 años, se desempeñó como director de la Policía de Investigación de la FGE de Sinaloa desde noviembre de 2022 hasta febrero de 2026.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada el 29 de abril ante una Corte de Distrito de Nueva York, le atribuye haber recibido sobornos de aproximadamente 300,000 pesos mensuales de Los Chapitos. Su designación contó con la aprobación explícita de los líderes de dicha facción del Cártel de Sinaloa y fue promovida por Rubén Rocha Moya, según el documento.
A cambio de los sobornos, Contreras habría autorizado la operación libre del Cártel en Sinaloa, ordenado la liberación de integrantes detenidos por tráfico de drogas, filtrado información confidencial sobre operativos planeados por fuerzas estatales, federales y estadounidenses, y colaborado para localizar y matar a enemigos de la organización, incluidos miembros de grupos rivales.
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La acusación incorpora fotografías de listas mensuales de pagos donde Contreras aparece referido como “R1”. El flujo de sobornos partía de una caja de dinero en efectivo que mandos del cártel entregaban mensualmente, acompañada de un listado de custodios y montos ya designados. Entre Contreras, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, ‘Tornado’ Hipólito y ‘Juanito’ Millán, la nómina mensual habría superado los 100,000 dólares, según el expediente.
Los cargos que enfrentaría en Nueva York son conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La pena prevista es cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Contreras forma parte de una acusación que involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Los otros nueve son:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia — habría llegado al poder con el “respaldo forzado” del cártel, permitido a Los Chapitos operar con impunidad y facilitado el acceso de colaboradores a posiciones dentro del gobierno.
- Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de gobierno estatal — habría ayudado a intimidar a rivales electorales, entregado al cártel listas de opositores políticos y promovido candidaturas afines.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas — mismo señalamiento que Inzunza: intimidación de rivales electorales y promoción de candidaturas afines al cártel.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal — habría alertado al cártel sobre investigaciones federales contra sus laboratorios y capos, y recibido pagos mensuales comprobados.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación — habría operado el mismo esquema de sobornos que Contreras y cobrado un “peaje” propio a laboratorios ajenos a Los Chapitos.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública — habría permitido el flujo de armas, la evasión de redadas y el nombramiento de mandos sumisos al cártel.
- José Antonio Dionisio Hipólito, ‘Tornado’, exsubdirector de Policía Estatal — habría blindado cargamentos y rutas de distribución del cártel.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán — habría facilitado secuestros, homicidios y la venta abierta de droga en la capital sinaloense.
- Juan Valenzuela Millán, ‘Juanito’, comandante de la Policía Municipal de Culiacán — habría facilitado secuestros, homicidios y venta de droga en Culiacán.