La Alianza Mexicana de Abogados presentó una solicitud formal ante el Senado de la República para que se declare la desaparición de poderes en Sinaloa.
Los promoventes argumentan que la entidad enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes y acusan presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales.
Piden al Senado intervenir ante la crisis de seguridad en Sinaloa
Representantes de la Alianza Mexicana de Abogados y organizaciones civiles acudieron al Senado de la República para presentar una solicitud formal de desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que las instituciones estatales han sido rebasadas por la violencia y la inseguridad.
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Durante una conferencia de prensa, el presidente nacional de la organización, Ricardo Beltrán Verduzco, sostuvo que la entidad enfrenta una situación crítica derivada de lo que calificó como una presunta subordinación de las autoridades a intereses criminales.
Según afirmó, la violencia ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre para miles de habitantes.
Acusan que la salida de Rocha Moya no modificó la situación
Los promoventes señalaron que la licencia solicitada por el exgobernador Rubén Rocha Moya no ha significado cambios sustanciales en el funcionamiento del gobierno estatal.
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De acuerdo con sus declaraciones, las decisiones políticas continúan siendo influenciadas por actores vinculados a la anterior administración.
Beltrán Verduzco aseguró que la situación actual mantiene a la población en un escenario de inseguridad constante y pidió a los legisladores analizar el caso mediante un periodo extraordinario de sesiones.
Paloma Sánchez expone cifras de violencia y afectaciones económicas
La senadora priista Paloma Sánchez respaldó la solicitud y presentó cifras sobre el impacto de la violencia en la entidad durante los últimos 21 meses.
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Entre los datos mencionados destacan:
- Más de 2 mil 800 homicidios registrados.
- Cerca de 3 mil 900 personas desaparecidas.
- Más de 10 mil vehículos robados.
- Más de 3 mil 800 comercios asaltados.
- Pérdidas económicas estimadas en 170 mil millones de pesos.
- Alrededor de 38 mil empleos perdidos.
- Cierre de casi 7 mil empresas y negocios.
La legisladora reconoció que la oposición no cuenta con los votos suficientes para impulsar por sí sola una declaratoria de desaparición de poderes, aunque consideró que el debate podría visibilizar la situación que atraviesa la entidad.
Antecedentes: denuncias penales contra Rubén Rocha Moya
La petición presentada en el Senado se suma a otras acciones emprendidas por agrupaciones de abogados durante los últimos meses.
En febrero de este año, integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados y de la Federación de Abogados de Sinaloa presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rubén Rocha Moya por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público, encubrimiento y otros posibles ilícitos.
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Los denunciantes argumentaron que la crisis de violencia que afecta al estado estaría relacionada con una supuesta omisión de las autoridades para garantizar la seguridad pública.
También solicitaron que se investigaran diversos hechos ocurridos en la entidad desde 2024, incluyendo episodios de violencia ligados a disputas criminales.
Abogados mantienen exigencia de una salida definitiva
La exigencia de la Alianza Mexicana de Abogados no es nueva. Semanas atrás, la organización también pidió que la separación de Rocha Moya de la gubernatura fuera definitiva, luego de que trascendieran investigaciones y procesos judiciales relacionados con autoridades sinaloenses.
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Ahora, con la solicitud entregada a la Mesa Directiva del Senado, los promoventes buscan que la Cámara Alta analice la viabilidad constitucional de declarar la desaparición de poderes en Sinaloa, una figura extraordinaria contemplada para situaciones en las que las instituciones de una entidad federativa no puedan ejercer sus funciones de manera regular.
¿Qué sigue para la solicitud?
La petición deberá ser revisada por las instancias correspondientes dentro del Senado.
En caso de avanzar, el tema tendría que ser discutido y votado por los legisladores federales.
Mientras tanto, la solicitud vuelve a colocar en el centro del debate nacional la situación de seguridad que enfrenta Sinaloa, así como las demandas de diversos sectores que exigen una respuesta institucional ante la persistencia de la violencia en la entidad.
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