La Comunidad Indígena de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán, denunció el asesinato de dos personas de la Comunidad de Pómaro y de un profesor purépecha, el cual, de acuerdo a sus testimonios, fue perpetrado por un comando de sicarios el 28 de mayo cuando se transportaban por la carretera federal número 200, a la altura del poblado de Colola, en el municipio de Aquila.
Las víctimas fueron identificadas como Lucas Flores Tolentino, tesorero de bienes comunales, Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad, y el docente purépecha Felipe de Jesús Martínez Martínez. Además, también se reportó herida de gravedad a la profesora Adelaida Zacarías Pascual.
Ante este hecho, la Comunidad Indígena de Santa María Ostula y autoridades agrarias, emitieron un comunicado a través del Congreso Nacional Indígena (CNI) en el que condenaron la violencia de la que son víctimas y exigieron se esclarezcan los hechos y castiguen a los responsables.
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“Expresamos nuestra más completa solidaridad a los familiares de quienes fueron asesinados y heridos; así como a la hermana Comunidad Indígena de Pómaro y al Pueblo Purépecha, puntualizando que el agravio cometido en contra de quienes fueron cobardemente asesinados y heridos, es un agravio que se hace a los pueblos originarios de Michoacán y de México”.
Posicionamiento de las Comunidades Indígenas de Ostula
Estos múltiples asesinatos encendieron las alertas sobre la profunda amenaza de la que es víctima la comunidad. “Están marcando profundamente no solo a la Comunidad de Pómaro, sino a los pueblos indígenas de Michoacán y, particularmente, a nuestra Comunidad, a la que la unen profundos e inmemoriales lazos históricos, culturales y familiares con la Comunidad de Pómaro”, escriben en su comunicado.
Exigieron al Estado la investigación rigurosa de los asesinatos y la garantía de justicia a su comunidad, “que de por sí ha sido tan acosada y dañada por el crimen organizado en los últimos 20 años”.
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“Exigimos que los hechos sangrientos antes descritos sean investigados y esclarecidos escrupulosamente con el fin de que se haga justicia y se castigue a quien se tenga que castigar, sea quien sea”, aseveraron.
Pidieron que estos hechos no sean utilizados con fines políticos “ni para criminalizar a nuestra estructura de seguridad comunitaria, ni para otorgar protagonismo a quienes históricamente han dañado a nuestra Comunidad, tampoco para generar mayor inestabilidad en la región, acusando del crimen señalado, sin pruebas de ningún tipo, a integrantes de las comunidades vecinas”.
Ello, debido a las acusaciones hechas en contra del presidente municipal de Aquila, José María Valencia Guillén imputándole la responsabilidad de estos asesinatos. “No hacen más que generar mayor inestabilidad en el municipio de Aquila, lo que contribuye al acrecentamiento de la deteriorada situación de inseguridad que existe en la región y el estado”, denunciaron.
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Hicieron un llamado a la unidad entre pueblos indígenas y habitantes del municipio para exigir condiciones de seguridad realmente efectivas. Exigieron el cese de la violencia sistemática y la guerra de exterminio que, afirman, ha golpeado a las comunidades indígenas de México.
La demanda central de la comunidad es contundente: justicia y castigo para los responsables de los asesinatos, así como el fin de la violencia en la lucha por la tierra y las libertades indígenas.
“¡Castigo a los culpables!“, fue la exigencia que comunidades indígenas hicieron a todos los niveles de gobierno para frenar la impunidad y garantizar la seguridad de los pueblos originarios, bajo la consigna: “Nunca más un México sin nosotros”.
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