El tabaquismo continúa siendo la mayor causa de muerte prevenible en México y todo el mundo. Este padecimiento impacta especialmente a las comunidades más pobres y vulnerables, convirtiéndose en un problema de salud pública que trasciende fronteras.
En el país, el consumo de tabaco ocasiona más de 63 mil fallecimientos prematuros cada año y genera gastos superiores a 116 mil millones de pesos anuales en servicios médicos.
La Dra. María Fernanda Cobo Armijo, coordinadora del Centro Interdisciplinario para la Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO), recordó que el derecho a la protección de la salud, establecido en la Constitución, exige que las autoridades implementen estrategias efectivas para disminuir el uso de tabaco y nicotina, no solo para tratar enfermedades derivadas de esta adicción.
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Reformas y retos en la regulación del tabaco
Desde el año 2004, México está vinculado al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un acuerdo internacional que impone al Estado la obligación de reducir el tabaquismo.
Entre las acciones implementadas se encuentran: el establecimiento de impuestos especiales a los cigarros, la generación de espacios completamente libres de humo, la limitación de la publicidad, el refuerzo de advertencias sanitarias en los empaques y la financiación de campañas para dejar de fumar.
La especialista remarcó que las políticas más eficaces son aquellas que encarecen de forma considerable del costo de este producto a través de impuestos.
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“La evidencia nos dice que las medidas más disuasorias son el aumento al precio a través de impuestos”, afirmó.
De acuerdo con investigaciones citadas por la académica, triplicar el IEPS específico al cigarro podría elevar el precio de las cajetillas en 44%, provocar que 1.5 millones de personas abandonen el hábito y evitar cerca de 630 mil muertes prematuras asociadas al tabaquismo.
Etiquetado neutro y consumo juvenil
A pesar de los avances, México ha quedado atrás en la implementación del llamado empaquetado neutro, regulatorio ya adoptado en países como Australia, Francia, Reino Unido y Uruguay. Esta medida elimina logotipos, colores y distintivos de las marcas, dejando solo advertencias sanitarias sobre un fondo blanco y negro.
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“El 80% de quienes fuman empezó siendo menor de edad. Hablar de una decisión completamente libre en estas condiciones es problemático”, indicó la experta respecto al consumo de la juventud.
La reciente reforma constitucional que prohíbe los vapeadores y cigarrillos electrónicos, aprobada en enero de 2025, genera inquietudes sobre su rigidez y la posibilidad de dificultar futuras adaptaciones, especialmente si la evidencia científica evoluciona.
El verdadero desafío para México es fortalecer la capacidad de las instituciones como la Cofepris, para mejorar la supervisión y consolidar mecanismos de denuncia ciudadana, logrando una regulación sanitaria realmente efectiva.
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