La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves 28 de mayo la presencia de agentes extranjeros en el operativo que desmanteló un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, el cual fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE).
Ulises Lara López, vocero de la institución, señaló mediante un comunicado que la intervención del pasado 17 y 18 de abril, y el posterior accidente mortal, “dejó al descubierto la presencia de agentes extranjeros”.
El mensaje de este día no confirmó que los cuatro estadounidenses identificados se encontraran adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Dos de los involucrados fallecieron en un accidente junto con elementos mexicanos y los otros dos fueron expulsados del país tras los hechos.
En el mismo mensaje, Ulises Lara confirmó que la gobernadora Maru Campos no aportó información tras ser citada a declarar, sino que entregó un escrito en el que manifestó su indisposición para declarar, amparada en su inmunidad constitucional.
Según el mensaje, tanto Campos como el exfiscal general del estado, César Jáuregui, fueron citados en calidad de testigos con el único fin de allegarse elementos para la investigación sobre la participación de esos agentes en actividades de seguridad en territorio mexicano.
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La FGR también confirmó que concluyó el proceso de desmantelamiento del sitio clandestino, que incluyó el embalaje y traslado de las sustancias localizadas para su posterior destrucción.
La FGR distingue entre inmunidad procesal y obligación de informar
Lara López reconoció en el mensaje que la inmunidad procesal impide procesar penalmente a ciertos servidores públicos, entre ellos una gobernadora en funciones.
Sin embargo, sostuvo que esa protección “no impide que la persona servidora pública aporte información” para el esclarecimiento de los hechos investigados.
El escrito que Campos entregó en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México —a donde acudió en lugar de presentarse en Ciudad Juárez, como indicaba el citatorio— argumentó que el Ministerio Público “carece de atribuciones” para someter al titular de un Poder Ejecutivo estatal a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional prevista en el artículo 111 de la Constitución.
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Además, la gobernadora afirmó previamente que el escrito estaba mal hecho y solicitó que cualquier requerimiento futuro se tramite por la vía de colaboración institucional entre autoridades.
La FGR concluyó el embalaje y traslado de sustancias del narcolaboratorio
La Fiscalía federal también confirmó que el proceso de desmantelamiento del sitio clandestino en la Sierra del Pinal quedó completado, lo que incluyó el embalaje y traslado de las sustancias localizadas para su posterior destrucción.
Reportes previos revelaron que peritajes en química forense, valuación y criminalística de campo permitieron identificar más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de 2 mil litros de metanfetamina, además de cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras empleados en la producción de drogas sintéticas.
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No hay actualización sobre la investigación por invasión de competencia federal
En el mensaje de este 28 de mayo, la institución federal no informó avances sobre la línea de investigación abierta el 13 de mayo para determinar si la FGE Chihuahua invadió la competencia federal al planear y ejecutar el operativo de los días 17 y 18 de abril sin notificar previamente a las autoridades federales.
En aquella ocasión, la FGR precisó que autoridades de Chihuahua informaron los hechos mediante una llamada telefónica recibida el 18 de abril, con posterioridad a que el operativo ya había concluido.
Al arribar al lugar, los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR “no recibieron cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas”.
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La irregularidad quedó asentada en un acta circunstanciada dentro de la propia carpeta federal.
La FGR argumentó que la Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar, perseguir y sancionar delitos en los que se presuma la participación de la delincuencia organizada.
Añadió que la conducción de la política exterior y las funciones en materia de seguridad nacional son atribuciones exclusivas del Gobierno federal, por lo que las entidades federativas tienen “prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país”.
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