El colectivo Yo También señaló que en México el nivel de atención a las personas con discapacidad depende de en qué lugar se viva, ya que solo 10 estados tienen dependencias especializadas para apoyar a este sector de la población.
La organización realizó un estudio en el que detectó que en México no existe un portal nacional actualizado ni una estructura homogénea, lo que complica saber quién atiende la discapacidad.
La investigación de Yo También encontró que solo seis entidades tienen institutos especializados en discapacidad o inclusión, y apenas cuatro cuentan con secretarías enfocadas en este tema.
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En 14 estados, entre ellos Tabasco, Morelos, Sonora y Guerrero, siguen atendiendo la discapacidad principalmente desde el DIF estatal, con servicios de rehabilitación y programas de apoyo económico.
Sin embargo, activistas consultados por Yo También advierten que la atención institucional no puede reducirse solo a pensiones o asistencia social.
En otros casos, la atención se diluye entre direcciones, coordinaciones o áreas que no son exclusivas de discapacidad.
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En total, solo 12 estados tienen alguna instancia identificable directamente relacionada con discapacidad o inclusión. Esto significa que en 20 entidades no hay una estructura clara ni especializada.
El estudio también señala que solo ocho titulares de instituciones relacionadas con discapacidad viven con discapacidad.
El tema de quién dirige estas áreas generó comentarios de activistas y personas con discapacidad, quienes piden mayor representación en la toma de decisiones.
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Los institutos especializados son excepción. Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Yucatán y Colima tienen institutos propios.
Por ejemplo, en Baja California Sur, el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad lo dirige una persona con discapacidad visual; en Yucatán, el titular es una persona sorda.
En varios estados, la discapacidad se atiende dentro de agendas amplias de inclusión, bienestar o atención a personas en condiciones de vulnerabilidad, como en Chihuahua, Campeche y Baja California. Esto provoca que la ubicación institucional de la discapacidad sea poco clara.
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La falta de información pública y centralizada es otro problema. En muchas entidades, incluso después de revisar leyes, organigramas y redes sociales, sigue sin quedar claro qué dependencia es la responsable, lo que complica aún más el acceso a apoyos y trámites.
La investigación de Yo También concluye que México no tiene una estructura homogénea para atender la discapacidad. Dependiendo del estado, la atención puede recaer en un instituto, una secretaría, el DIF o una estructura general de asistencia social.