La adquisición de un coche o una casa en efectivo en México está regulada por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
A partir de 2026, los límites para pagos en efectivo en estas operaciones se ajustaron conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), obligando a compradores y vendedores a seguir reglas estrictas.
En la compra de un inmueble, la prohibición de pago en efectivo es absoluta: no se permite cubrir ninguna cantidad con billetes o monedas, sin importar el valor del bien.
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La ley establece que:
“Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en su caso, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, ya sea total o parcial, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas, así como metales preciosos, en los siguientes casos: I. La transmisión de la propiedad o constitución de derechos de uso o goce de bienes inmuebles…”
Esto significa que no se permite ningún pago en efectivo, ni total ni parcial, para la compra-venta, arrendamiento o transmisión de derechos de uso de bienes inmuebles en México. Todo pago debe realizarse a través de medios bancarizados o electrónicos.
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Para la adquisición de un vehículo, el tope es de $376,565.10 pesos.
Superar ese monto obliga a efectuar la operación mediante medios bancarios, como transferencias electrónicas o cheques, para garantizar la trazabilidad de los recursos y evitar sanciones [Restricción de Uso de Efectivo y Metales].
Sumado a lo anterior a partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México exigirán presentar una identificación oficial para procesar retiros o depósitos en efectivo superiores a $140,000 pesos en ventanilla. Esta regla aplica en todas las instituciones del país y busca fortalecer la seguridad en operaciones de alto monto.
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El objetivo de la medida es:
- Prevenir fraudes.
- Reducir riesgos de robo.
- Combatir el lavado de dinero.
La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que esta disposición responde a la necesidad de alinear los procedimientos financieros del país con estándares internacionales y fomentar alternativas digitales para disminuir el uso de efectivo en transacciones sensibles.
Fundamentos de la legislación y contexto antilavado
La LFPIORPI, publicada en 2012 y actualizada en 2025 y 2026, busca combatir el lavado de dinero en operaciones de alto valor. Su lógica es simple: el uso de efectivo dificulta rastrear la procedencia de los fondos. Por ello, impone restricciones severas en bienes raíces, automóviles y otras actividades consideradas vulnerables.
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El artículo 32 prohíbe cualquier pago en efectivo para la compra, constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles. Esto incluye casas, departamentos, terrenos y locales comerciales.
La restricción aplica a todas las partes: comprador, vendedor y notario. En vehículos y otros bienes, el límite es de 3,210 UMAs, equivalentes a $376,565.10 pesos en 2026.
El artículo 33 establece una prohibición general a pagos en efectivo por montos iguales o superiores a 505 UMAs ($59,241.55 pesos), aplicable a cualquier acto u obligación aunque no se trate de bienes raíces o autos. Estas reglas refuerzan la fiscalización, ya que la autoridad puede sancionar tanto a quien paga como a quien recibe el dinero.
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Límites legales de pago en efectivo
La legislación fija los siguientes máximos para operaciones en efectivo:
Compra de inmuebles: prohibición absoluta, ningún monto puede pagarse en efectivo.
Compra de vehículos, nuevos o usados: $376,565.10 pesos.
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Operaciones generales: $59,241.55 pesos.
Si el valor total del bien rebasa el límite, solo se puede pagar en efectivo hasta la cantidad permitida según la operación. El resto debe liquidarse con métodos bancarizados.
Sanciones por exceder los límites
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueden imponer sanciones cuando se infringen estas restricciones:
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Multas de 10,000 a 65,000 UMA, equivalentes desde $1,173,100 hasta $7,625,150 pesos.
Reporte automático de la operación ante la UIF, lo que puede derivar en auditorías fiscales.
Bloqueos preventivos en cuentas bancarias.
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Clausura temporal de establecimientos en casos graves.
Tanto el comprador como el vendedor pueden ser sancionados, incluso si el pago se realiza en varias exhibiciones para intentar eludir la restricción.
Requisitos y procedimientos para operaciones permitidas
Para cumplir con la legislación, el procedimiento recomendado incluye:
Solicitar identificación oficial vigente a todas las partes.
Verificar la autenticidad de los documentos y recabar datos completos.
Identificar al beneficiario controlador si corresponde.
Conservar el expediente de la operación por al menos cinco años.
Las personas físicas y morales deben conservar comprobantes de transferencias, cheques o vouchers de tarjeta de crédito o débito.
Medios de pago permitidos por la ley
Cuando la operación supera los límites de efectivo, la ley exige utilizar:
Transferencia electrónica (SPEI, CoDi, banca en línea).
Cheque nominativo a nombre del beneficiario y cruzado.
Tarjeta de crédito o débito vinculada a cuenta bancaria del pagador.
Depósito bancario identificado.
Monedero electrónico emitido por instituciones financieras reguladas.
Quedan excluidos:
Billetes y monedas (en montos superiores al umbral).
Metales preciosos.
Cheques al portador, giros sin destinatario.
Criptomonedas y activos virtuales.
El vendedor debe conservar copia de los comprobantes bancarios como parte de su expediente. Si la operación se realiza por partes, todos los pagos deben cumplir la restricción si el valor total supera el umbral.
Consideraciones adicionales y acumulación de operaciones
La restricción de la LFPIORPI aplica tanto a operaciones individuales como a la acumulación con el mismo cliente durante seis meses. Si varias compras suman un monto que supera el límite, es obligatorio presentar un aviso ante el SAT y cumplir con todos los requisitos de identificación.
Las restricciones también aplican a operaciones entre particulares, no solo a empresas, agencias o desarrolladoras. El objetivo es impedir que se utilicen mecanismos para fragmentar el pago y ocultar el origen de los fondos.
Con la actualización de la UMA cada año, los montos máximos permitidos pueden variar. Es fundamental consultar el valor vigente antes de concretar la operación y cumplir con todos los requisitos para evitar sanciones.