Luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch revelara este 12 de mayo que el asedio a las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero se deriva de un conflicto entre Los Ardillos y Los Tlacos, surge la pregunta de cuántos años lleva la población de la sierra pagando las consecuencias de una guerra criminal que tiene raíces en disputas territoriales, extorsiones millonarias y presuntas alianzas políticas.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció el pasado 11 de mayo que Los Ardillos entraron a la comunidad de Alcozacán a las 12:30 horas con disparos de armas de alto calibre y ataques con drones, mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional no se presentaron. El asedio ha dejado un saldo de 76 asesinados, 25 desaparecidos y 96 personas desplazadas en la región de Chilapa.
“Se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos“, confirmó García Harfuch en la conferencia mañanera.
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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum describió la situación: tres poblados con tres bloqueos en distintos puntos.
“Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil”, señaló, y envió a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez a atender el caso de manera personal.
Los Ardillos nacieron en el año 2000 de la mano de un expolicía rural
El grupo criminal surgió alrededor del año 2000 cuando Celso Ortega Rosas, apodado “La Ardilla” y exmiembro de la policía rural, fundó la organización junto con tres de sus hijos en los municipios de Quechultenango y Chilapa de Álvarez, zonas históricamente vinculadas al cultivo de amapola.
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En sus primeras etapas, Los Ardillos se especializaron en el secuestro y la extorsión. Ortega Rosas fue detenido en 2008 por el asesinato de dos agentes de la SEIDO y por el secuestro de una mujer. Fue liberado tres años después y asesinado el 26 de enero de 2011 en Tlanicuilulco, Quechultenango.
Tras su muerte, el liderazgo recayó en sus hijos Jorge Iván y Celso Ortega Jiménez. Ellos son los principales señalados por las comunidades indígenas como responsables de las muertes y el desplazamiento en la zona.
La alianza que el fundador había tejido con el Cártel de los Beltrán Leyva les permitió expandirse hacia la producción y tráfico de opio y consolidar el control territorial en municipios como Chilapa, Tixtla, Mochitlán y Zitlala.
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Los Tlacos surgieron como policía comunitaria y derivaron en organización criminal
Los Tlacos se constituyeron formalmente en mayo de 2017 como el brazo armado de la Policía Comunitaria de General Heliodoro Castillo. Su nombre proviene de Tlacotepec, cabecera municipal del mismo municipio.
El liderazgo fue asumido por Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”, quien se convirtió en el máximo comandante de la organización.
Documentos de la Sedena filtrados por el grupo Guacamaya señalaron que la actividad delictiva del grupo databa de al menos 2010. El grupo se fusionó operacionalmente con una fracción de Guerreros Unidos y con elementos de Los Rojos, lo que le permitió controlar la producción de goma de opio y las extorsiones en campos mineros de la sierra.
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Las elecciones de 2021 detonaron la confrontación abierta entre ambos grupos
Como tal no existe un hecho que se utilice como el comienzo de la guerra entre las dos organizaciones, sin embargo, según reportes periodisticos, el punto de quiebre fue la jornada electoral del 6 de junio de 2021, cuando Evelyn Salgado Pineda ganó la gubernatura de Guerrero y Norma Otilia Hernández fue elegida alcaldesa de Chilpancingo.
Declaraciones del obispo Salvador Rangel compartidas en 2023 con Quadratín refieren que Los Tlacos habían apoyado activamente las campañas políticas de Evelyn Salgado y Norma Otilia Hernández.
Con esas victorias, el grupo comandado por “El Necho” se consolidó en el control de las extorsiones a comerciantes y transportistas en la capital del estado. Los Ardillos percibieron ese avance como una amenaza a su hegemonía regional e iniciaron su contraofensiva.
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En junio de 2022, Los Tlacos emitieron una declaratoria de guerra formal contra Los Ardillos a través de redes sociales, en la que se atribuyeron la quema de cinco unidades de transporte público en Petaquillas y Chilpancingo. En el texto acusaron a Los Ardillos de extorsiones, secuestros y asesinatos de transportistas, y señalaron que el grupo rival tenía sometidos a varios ayuntamientos.
Asimismo, las disputas entre los grupos también han estado perjudicando al municipio de Chilpancingo por su presunta búsqueda de controlar el transporte público en el sitio.
El asesinato del alcalde de Chilpancingo marcó el punto más alto de la espiral
El 6 de octubre de 2024, el alcalde Alejandro Arcos Catalán fue hallado muerto y decapitado dentro de su vehículo, a más de 16 kilómetros de Petaquillas. García Harfuch informó que Arcos había viajado solo a una reunión en esa comunidad, históricamente controlada por Los Ardillos, sin su escolta completa.
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El crimen fue precedido por otros dos asesinatos: el 27 de septiembre fue ejecutado Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal; el 3 de octubre fue atacado a tiros Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento, a pocos metros de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac.
Los tres homicidios fueron atribuidos por investigadores y analistas a la disputa por el control del ayuntamiento y el acceso al Ramo 33, el fondo federal que en Chilpancingo asciende a 357 millones de pesos anuales y que ambas organizaciones presuntamente buscaban controlar a través de funcionarios afines.
En febrero del año 2024 se confirmó una tregua entre los dos grupos criminales con la mediación del padre Filiberto Velázquez, director Centro de Derechos Humanos “Minerva Bello”, sin embargo, este 2026 la situación empeoró, dejando víctimas colaterales entre sus enfrentamientos.
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