Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos

Luisa María Alcalde Luján, actual consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó los avances en el proceso en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, así como de nueve funcionarios mexicanos acusados por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina, Alcalde detalló que la solicitud de detención provisional con fines de extradición realizada por el gobierno estadounidense está regulada en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, la cual contempla una detención urgente de las personas requeridas.

Este requerimiento se hace previo a la presentación de una solicitud formal de extradición; sin embargo, debe integrar elementos probatorios que acrediten su urgencia, esto debido a que tiene que corresponder a casos en los que exista el riesgo de posible fuga u obstaculización del proceso.

Alcalde detalló que si se detecta que efectivamente es un caso urgente, se procede con la detención de las personas requeridas por las autoridades estadounidenses, lo que abre un plazo de 60 días para presentar su solicitud formal de extradición.

Esto es diferente a una solicitud de extradición directa, la cual está regulada en el artículo 19 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el cual debe contener el delito por el que se acusa y debe anexar datos de prueba que establezcan que es probable que la persona cometió el delito, así como otros requerimientos más.

Así avanza el proceso contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos

Luisa María Alcalde detalló que la solicitud de detención provisional en contra de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos se encuentra en revisión luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) detectó que no se aportaron datos de prueba que acrediten que exista riesgo de fuga u obstaculización del proceso de los involucrados.

En caso de que fuera comprobada la urgencia, un juez de control deberá ser el encargado de determinar si procede la detención u otra medida cautelar contra las personas requeridas. Una vez que se determinó, el proceso de 60 días inicia para que se presente la solicitud formal de extradición.

Al no comprobarse la urgencia en el proceso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a las autoridades estadounidenses que se presenten las pruebas correspondientes para que se confirme la urgencia, y sea el juez de control quien finalmente decida cómo proceder legalmente en contra de Rubén Rocha Moya y los nueve funcionarios.

Piden a EEUU confidencialidad en el caso

Luisa María Alcalde detalló que los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requirente a la SRE de manera confidencial para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que destacó que en ese caso se violentó y provocó “un linchamiento mediático”.

Finalmente, explicó que la FGR no ha prejuzgado si se cometió un delito o no, y tampoco ha determinado si es procedente o no la solicitud de detención provisional de los diez mexicanos, por lo que el proceso se mantiene en espera de que sean presentadas las pruebas correspondientes para confirmar que su arresto es urgente por posible fuga u obstrucción del proceso.