El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta un nuevo frente internacional tras la revelación de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo incluye, junto con otros nueve funcionarios mexicanos, en una presunta red de colaboración con el Cártel de Sinaloa.
El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien confirmó que los cargos fueron presentados ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
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“Es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, declaró.
De la carta de “El Mayo” a la investigación formal
Las acusaciones retoman un antecedente clave. En agosto de 2024, el abogado del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada difundió una carta en la que negó haberse entregado a autoridades estadounidenses y denunció un supuesto engaño vinculado a actores políticos en Sinaloa.
“Fui convocado por Joaquín Guzmán López para asistir a una reunión con el fin de ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, señaló en su declaración. En ese mismo documento, mencionó que en el encuentro participarían “Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya”.
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Zambada afirmó que fue víctima de una emboscada: “La idea de que me rendí o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”.
Señalamientos por narcotráfico y protección criminal
De acuerdo con la acusación presentada en Estados Unidos, los funcionarios señalados habrían participado en una “conspiración corrupta y violenta” para facilitar el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
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El documento también sostiene que brindaron protección a líderes del grupo criminal, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, con el objetivo de evitar detenciones o investigaciones.
“Ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales (...) que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos”, detalla la acusación.
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También se les atribuye la entrega de información confidencial a la organización criminal.
Respaldo de AMLO
Tras la difusión de la carta de Zambada en 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió cautela. “Hay que esperar a que tengamos más información (...) hay que actuar de manera prudente, precavida”, afirmó en su momento. También respaldó al mandatario estatal al señalar que se debía escuchar su versión.
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Por su parte, Rocha Moya ha negado en ocasiones previas cualquier vínculo con el narcotráfico. En agosto de 2024, declaró no tener conocimiento de los hechos referidos en la carta del líder criminal.
Un caso bajo presión internacional
La investigación estadounidense pone bajo escrutinio a autoridades de alto nivel en Sinaloa. El señalamiento no solo retoma versiones previas difundidas por actores del crimen organizado, también incorpora elementos de presunta colaboración institucional con estructuras del narcotráfico.
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El caso avanza en tribunales federales de Nueva York, mientras en México no existe hasta ahora una postura oficial detallada sobre las acusaciones presentadas por el gobierno estadounidense.