En un momento de alta tensión diplomática y política en México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció claridad sobre los recientes eventos en el norte del país. Tras el fallecimiento de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un accidente en Chihuahua, el funcionario federal subrayó que la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos no implica, bajo ninguna circunstancia, la presencia de agentes operando en territorio mexicano.
Harfuch señaló que la labor de las instituciones mexicanas, como la Unidad de Inteligencia Naval, se basa en un intercambio de información constante que se ha gestado a lo largo de meses de investigación. Sin embargo, aclaró que existe una línea jurídica infranqueable: “Es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley a tener agentes operando en campo”.
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El deslinde de la Gobernadora Maru Campos
Uno de los puntos más reveladores de la conferencia fue la mención a la reunión privada entre el secretario federal y la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Según Harfuch, la mandataria estatal le aseguró que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando a cabo una operación con agentes norteamericanos en la zona donde ocurrió el incidente.
Esta declaración contrasta con las críticas en el Senado de la República, donde se señala que el gobierno estatal pudo haber actuado al margen de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Ley de Seguridad Nacional. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha atraído el caso para determinar qué hacían exactamente estos ciudadanos extranjeros en el municipio de Morelos, cerca del narcolaboratorio de “El Pinal”.
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Opacidad y ausencia en el Senado
A la par de estas declaraciones, la gobernadora Maru Campos decidió declinar su comparecencia ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública. El argumento oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua es evitar que se comprometa la información de carácter confidencial o clasificada de las investigaciones en curso.
El oficio remitido al Senado detalla que se ha creado una Unidad Especializada para investigar el desmantelamiento del narcolaboratorio, pero la ausencia de la gobernadora deja preguntas sin resolver sobre quién autorizó la presencia de los agentes que viajaban con pasaporte diplomático y visa de turista.
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Consecuencias legales y soberanía
La Ley de Seguridad Nacional es explícita: cualquier actividad de agencias extranjeras debe ser notificada y supervisada por la Cancillería. El hecho de que estos agentes participaran en una presunta operación antidrogas clandestina representa una crisis de soberanía.
Harfuch cerró su intervención lamentando el fallecimiento de las personas involucradas, pero reafirmó que el Gobierno de México mantendrá la colaboración informativa siempre que se respete el marco legal. La moneda queda en el aire mientras la FGR avanza en los peritajes y el Senado analiza si la inasistencia de la gobernadora constituye una falta a la transparencia en un caso de seguridad nacional.
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