México se ubica como el tercer generador de basura electrónica en América, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, con aproximadamente 1.5 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos al año.
Esta cifra refleja el acelerado ritmo de consumo, el volumen de aparatos electrónicos que se desechan y la baja tasa de reciclaje formal, lo que deriva en amplios riesgos ambientales y para la salud, advirtió Constantino Gutiérrez Palacios, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en declaraciones para UNAM Global.
El consumo acelerado y el reciclaje insuficiente impulsan el problema
La vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos disminuye por la obsolescencia y una cultura de reemplazo rápido. Esto, sumado a la limitada cobertura de sistemas formales de reciclaje y al predominio del sector informal, resulta en que 40 a 60% de los residuos termine sin tratamiento adecuado.
De este flujo, el sector informal recupera metales como aluminio y hierro, lo que representa entre 20 y 30% adicional de la basura electrónica manejada sin registro oficial, lo que implica riesgos ambientales graves.
Los grandes electrodomésticos como refrigeradores y lavadoras representan 40 a 50% del volumen total de residuos. Los electrónicos de consumo, como televisores y equipos de audio, aportan 20 a 25%; la informática y telecomunicaciones, entre 15 y 20%; y otros aparatos, entre 5 y 10%.
Sustancias tóxicas y riesgos para la salud por la basura electrónica
Los residuos eléctricos y electrónicos contienen plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente y arsénico entre sus componentes. Estos metales, presentes en soldaduras, baterías y recubrimientos, producen efectos adversos en el sistema nervioso y pueden ser cancerígenos, de acuerdo con la SEMARNAT, el INECC y el Convenio de Basilea.
Las baterías contienen litio, níquel, cobalto y ácido sulfúrico, sustancias capaces de provocar incendios y contaminar el suelo y el agua si no se manejan correctamente. Otros compuestos, como los retardantes de flama bromados y los bifenilos policlorados (PCB), emiten dioxinas y furanos al quemarse, lo que los vuelve altamente persistentes y peligrosos para la población y la fauna.
Cuando un celular o cualquier aparato se desecha en tiraderos comunes, sus componentes liberan sustancias tóxicas que afectan la fertilidad del suelo y la microbiota, además de migrar a cuerpos de agua por lixiviados. Según UNAM Global, cadmio y plomo pueden permanecer décadas en el ambiente, acumularse en peces y trasladarse a la cadena alimentaria humana.
La quema de residuos para recuperar metales incrementa la contaminación atmosférica. Las comunidades cercanas padecen problemas respiratorios y se enfrentan a un mayor riesgo de cáncer a largo plazo. Además, el manejo inadecuado de baterías de litio puede provocar incendios persistentes en tiraderos, lo que agrava la emisión de gases de efecto invernadero y supone riesgo directo tanto para quienes recolectan estos residuos como para la fauna.
Reparar antes de desechar puede prolongar la vida de los aparatos hasta 10 años
La reparación de aparatos eléctricos y electrónicos representa una alternativa técnica, económica y ambientalmente viable. Muchos equipos pueden tener una vida útil extendida entre tres y diez años si se reemplazan componentes específicos, como motores, tarjetas electrónicas, pantallas o baterías.
El costo de la reparación es conveniente si no rebasa el 50% del valor del equipo nuevo. Esta práctica reduce la extracción de minerales críticos y las emisiones industriales. Los principales obstáculos son la obsolescencia programada, el diseño no reparable, la carencia de refacciones y la falta de acceso a información técnica.
El potencial de recuperación depende del tipo de aparato y la tecnología empleada. En sistemas formales avanzados, se puede recuperar entre 70 y 90% del peso de los equipos. En grandes electrodomésticos la tasa sube hasta 95%. Las computadoras alcanzan entre 75 y 85%, televisores LCD o LED entre 70 y 85%, y teléfonos celulares entre 70 y 80%.
Barrios ubicados en la zona metropolitana del Valle de México, así como en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez, presentan actividad informal de reciclaje. El desensamble manual y la quema de cables ocurren sin protección, lo que expone a recolectores a gases y metales pesados. En algunas ciudades fronterizas también se registra la importación ilegal de electrónicos usados y la manipulación inadecuada de materiales no valiosos.