A través de redes sociales, colectivos y organizaciones independientes defensoras del territorio convocan a la ciudadanía a participar este domingo en la Marcha de la Unidad para expresar su rechazo a la “imposición” del Plan General de Desarrollo (PGD).
La protesta se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de abril a las 10:00 horas. El punto de reunión es en la estación San Antonio Abad del metro línea azul.
<b> </b>¿Qué es el Plan General de Desarrollo y por qué lo rechazan?
Eduardo Rodríguez, coordinador de la Oficina de Consulta Pública y Participación Social, explicó que el Plan General de Desarrollo de la CDMX es el instrumento recolector de la planeación a largo plazo para la capital, diseñado a partir de una consulta ciudadana.
Su propósito, según las autoridades, es traducir las aspiraciones y demandas sociales en decisiones de política pública para orientar el desarrollo de la ciudad durante los próximos 20 años.
De acuerdo con Rodríguez, el PGD se estructura en torno a tres ejes principales:
- Urbanismo socioambiental
- Reconocimiento del sistema de cuidados
- Directrices para garantizar derechos ciudadanos
Aunque señaló, este plan se organiza en 22 líneas o ejes, que abarcan los derechos constitucionalmente reconocidos en la Carta Magna local. Este proceso de planeación se ha construido a partir de la consulta ciudadana, basado en la premisa de “escuchar a la población, recoger lo que se quiere y lo que soñamos para la ciudad, y traducirlo en decisiones de planeación que orienten el futuro”; así lo expresó la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, durante la inauguración del Segundo Foro Capital y Metrópolis.
Sin embargo, organizaciones defensoras del territorio, así como de pueblos originarios, señalan que el PGD centraliza el poder, favorece megaproyectos inmobiliarios y pone en riesgo el suelo de conservación en la CDMX.
De acuerdo con Jaziel Ibarra, activista urbano de la alcaldía Cuauhtémoc, narró a Latinus que el PDG, favorece a la gentrificación: “Lo que hace es fomentar, sin controles, el crecimiento de las plataformas de turismo de corta estancia como Airbnb, ya que operan como hoteles pirata, con uso de suelo comercial en un suelo de uso habitacional (...) el proyecto viene a legalizar un proceso de turistificación ilegal de los territorios en la CDMX”.
Por su parte, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac denunció públicamente las tácticas dilatorias que, según la organización, ha implementado el gobierno de Clara Brugada en el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo.
“Solicitamos una reunión con el Instituto de Planeación y la otorgaron casi veinte días después, a menos de dos semanas de que concluya el nuevo plazo”, afirmó el colectivo en una publicación difundida en Facebook.
El Frente del Anáhuac subrayó que, aunque aceptó participar en la consulta, la interlocución con el Instituto de Planeación se ha visto obstaculizada por falta de respuesta a compromisos previos.
El 25 de marzo, el director de consulta, Alejandro Luévano, prometió entregar una propuesta de metodología para analizar el proyecto definitivo del PGD antes de su envío al Congreso. “Hasta el momento no ha habido respuesta alguna a ese compromiso”, denunció el colectivo.
Las organizaciones de pueblos y barrios originarios alertan que las reglas actuales de consulta podrían permitir al Instituto cambiar o añadir propuestas sin avisar a los participantes, lo que legitimaría un proyecto que ellos ven como extraño a sus intereses.