El informe sobre personas desaparecidas en México, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en marzo pasado, ha generado diversas reacciones tanto por parte de madres buscadoras y defensores de derechos humanos, a quienes se sumó el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).
Esto último, luego de que el CED informó esta mañana que solicitó formalmente que António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas (ONU), remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, para que se consideren medidas “destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen".
Para ello, por primera vez, el Comité contra la Desaparición Forzada activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Esta medida representa el máximo nivel de escrutinio internacional previsto en el tratado y evidencia que la crisis de desapariciones forzadas en México ha superado los límites del derecho internacional de los derechos humanos, al ser considerada como crímenes de lesa humanidad.
¿Cuáles son los motivos?
Según el comunicado difundido por el CED, la activación de este mecanismo responde a que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El Comité sostuvo que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y regiones del territorio mexicano.
Este procedimiento es de carácter preventivo y su objetivo es movilizar la atención y el apoyo internacionales, sin establecer responsabilidad penal individual.
La decisión del Comité se basa en información proporcionada por la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano en septiembre de 2025, los datos recopilados por el CED desde 2012 —incluyendo exámenes periódicos, una visita al país en 2021 y solicitudes de acción urgente presentadas por víctimas—, y documentos recientes tanto del Estado como de organizaciones civiles.
El Comité subrayó que, aunque la “guerra contra las drogas” en México ha contribuido a las condiciones en las que se han producido estos ataques, no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea mediante acción u omisión deliberada.
El comunicado del CED también precisó que, según la postura oficial de México, muchas desapariciones se atribuyen a grupos delictivos y no a agentes del Estado, por lo que no deberían clasificarse como desapariciones forzadas bajo el artículo 2 de la Convención.
Sin embargo, el Comité documentó casos con información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Además, señaló que conforme al artículo 5 de la Convención y al artículo 7 del Estatuto de Roma, estos crímenes pueden ser cometidos también por organizaciones no estatales si forman parte de un ataque sistemático contra la población civil.
En cuanto a la dimensión de la crisis, el CED advirtió que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no ofrece una cifra clara sobre cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas, aunque la cantidad registrada refleja la gravedad de la situación.
El Comité citó el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados en el país.
Advirtió que, pese a las acciones adoptadas desde 2021, la situación no muestra una mejora sustancial, ya que las autoridades continúan desbordadas y persiste la necesidad de reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
Por ello, el CED pidió a la Asamblea General que considere la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México necesita para búsqueda, análisis forense e investigación de desapariciones forzadas, así como la creación de mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a familias, organizaciones y defensores.
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