La organización ARTICLE 19 (Artículo 19) hizo eco de los posicionamientos de la sociedad civil en cuanto tras el informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas en México, quienes criticaron la obligatoriedad impuesta por el Estado al solo investigar casos que sí tienen una carpeta de investigación abierta, además, acusaron la falta de responsabilidad que ha llevado a la revictimización de miles de familias.
Piden transparentar metodología de informe
La organización destacó que es imprescindible que el gobierno federal transparente la metodología con la que fue hecho el informe, pugnando por la no minimización de la crisis de desaparición. “La búsqueda de las personas desaparecidas en México está vinculada también a la crisis forense y falta de coordinación entre las Fiscalías y autoridades de búsqueda”, recalcó.
De igual forma, recordó que “existen irregularidades y opacidad en los registros oficiales de fosas clandestinas en México”, resaltando que el Estado “ha dejado en desamparo a las personas buscadoras, principalmente mujeres quienes año con año luchan por el derecho a la verdad”.
Señalaron que ante la falta de acciones de búsqueda del estado mexicano, las madres buscadoras se han organizado y desde hace varios años han suplido las funciones de instituciones, remarcando las obligaciones del estado ante esta problemática:
- El Estado debe buscar con vida a las personas desaparecidas.
- Tiene la obligación de investigar cada caso de desaparición de manera diligente y expedita.
- Debe transparentar la metodología utilizada para el registro de personas desaparecidas.
- Está obligado a brindar garantías de protección a quienes participan en tareas de búsqueda.
Preocupa a organizaciones narrativa de Estado sobre desapariciones en México
Diversas organizaciones han advertido sobre el riesgo de minimizar la crisis de desapariciones en México a través de una narrativa estatal que reduce el problema a un tema de gestión burocrática. Organizaciones de derechos humanos señalan que presentar como novedad la “obligatoriedad” de abrir carpetas de investigación omite que esta medida ya está establecida en la ley desde 2017.
El principal obstáculo, subrayan, no es la ausencia de normativas, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las autoridades, que frecuentemente evitan registrar las denuncias o las clasifican bajo otros delitos.
La preocupación aumenta ante afirmaciones oficiales sobre el porcentaje de personas localizadas que supuestamente no fueron víctimas de delito, sin transparencia sobre la metodología empleada. Además, alertan sobre la tendencia a desligar la responsabilidad estatal, atribuyendo la totalidad de las desapariciones al crimen organizado y omitiendo la posible participación o aquiescencia de agentes del Estado.
Organizaciones consideran insuficiente basar la medición de desaparecidos solo en carpetas de investigación, ya que esto distorsiona la magnitud real del fenómeno. Finalmente, critican la falta de apertura en los procesos oficiales, donde la exclusión de colectivos y especialistas dificulta el desarrollo de políticas efectivas para la búsqueda de personas.