La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, para implemetar diversas acciones a nivel nacional para erradicar el delito.
En su conferencia mañanera, la mandataria indicó que la reforma buscará establecer en la Constitución que en todos los estados se homologuen las políticas para prevenir casos, evitar la impunidad y garantizar un acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño.
Esto con el objetivo de que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente como feminicidio y que ningún caso se vuelva a tipificar como suicidio.
“La propuesta es que en un artículo de la Constitución haya una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicido y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, dijo en Palacio Nacional.
Sheinbaum Pardo anunció que la iniciativa se enviará hoy mismo al Senado de la República para su análisis, confiando en que será aprobada por tratarse de un tema para combatir la violencia contra la mujer.
Sin embargo, destacó que por tratarse de una ley general, esta también deberá aprobarse en cada uno de los Congresos estatales del país.
¿En qué consiste la iniciativa?
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República (FGR), explicó que la iniciativa se compone de 52 artículos distribuidos en ocho títulos que van desde la homologación de las definiciones básicas hasta las políticas integrales de prevención, atención y sanción del feminicidio. La iniciativa propone:
- Homologación del delito
En este punto, se establece que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”, para lo cual se señalaron nueve posibles motivos:
Esto incluye situaciones como: violencia sexual contra la víctima, ataques motivados por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia hacia la víctima y situaciones de desigualdad de poder (por ejemplo: cuando la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, embarazada o con discapacidad).
- Aumentar las sanciones
Proponen que el feminicidio se sancione con cárcel de 40 a 70 años y multas de mil a 2 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización, monto usado para calcular multas en México).
No obstante, estas sanciones aumentarán en una mitad si la víctima era niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, sea periodista, defensora de derechos o migrante.
También si la víctima fue atacada con ácido o sustancias inflamables o si el feminicidio lo cometió un servidor público.
Otras consecuencias para el responsable serán que: no se puede justificar el delito bajo ninguna excusa, el agresor perderá derechos como la patria potestad de sus hijas/os y derechos de herencia, además de que no podrá trabajar nunca más en un cargo público y no se le podrá otorgar libertad anticipada, ni amnistía.
Godoy Ramos indicó que a esto se sumará que el delito no prescribe, es decir, se puede juzgar en cualquier momento.
- Investigación del feminicidio
La iniciativa establece que el Ministerio Público podrá solicitar la elaboración de productos de inteligencia y utilizar servicios periciales disponibles para fortalecer las investigaciones.
Asimismo, que la Fiscalía General de la República como las fiscalías locales cuenten con unidades especializadas que aseguren la atención continua y permanente de los casos, aplicando protocolos específicos y una perspectiva de género.
Agregó que se analizarán antecedentes de violencia, incluso si no existen denuncias previas, y toda muerte violenta de mujeres se investigará inicialmente como feminicidio. El proceso estará orientado a la determinación de la verdad y a la reparación integral del daño, evitando estereotipos y actuando con debida diligencia reforzada.
La propuesta contempla medidas de igualdad sustantiva y una protección especial para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. El Ministerio Público deberá iniciar de manera inmediata la investigación de oficio y la FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado para la investigación de estos delitos.
Todas las autoridades estarán obligadas a garantizar el derecho a la verdad en el ámbito de sus competencias. Además, se establece que personas, medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas.
- Derechos de víctimas y reparación integral
Con estonse busca garantizar el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, seguridad social para menores en orfandad, entrega digna del cuerpo, servicios de traducción y reparación transformadora, adecuada y proporcional.
- Políticas integrales
La reforma impulsa que los estados cuenten con elementos institucionales, normativos y estructurales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida.
También propone la armonización del tipo penal, se actualizarán protocolos y se implementarán campañas de concientización. Se prevé la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y la elaboración de registros nacionales sobre el delito.
- Prevención y atención de la violencia feminicida
En cuanto a prevención y atención, el proyecto menciona la consolidación de Centros LIBRE, Centros de Justicia para Mujeres, Espacios de Refugio, la Línea #079 y la Alerta de Violencia de Género, así como la figura de Abogadas de las Mujeres. El Secretariado Ejecutivo integrará la información sobre la incidencia delictiva del feminicidio en coordinación con fiscalías e INEGI.