El coronel Arturo Bailleres Mendoza dejó este viernes su cargo como secretario de Seguridad Pública del municipio de Acapulco, luego de meses de polémica y, particularmente, de las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a sus declaraciones sobre la seguridad en la ciudad.
Bailleres Mendoza, quien se desempeñaba como jefe policiaco desde julio de 2024 —después de haber sido designado encargado de despacho— presentó su renuncia tras un año y siete meses de gestión, sostuvo una fuente cercana al Ayuntamiento. Aunque no existe un comunicado oficial del gobierno municipal, trascendió que su relevo será un enviado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, funcionario federal responsable de la estrategia de seguridad en todo el país.
El desencadenante: declaraciones calificadas como “desafortunadas”
El detonante de la crisis se dio cuando Bailleres Mendoza afirmó recientemente que “no se puede garantizar al 100% la seguridad en una ciudad”, señalando que incluso las naciones más poderosas no ofrecen tal seguridad absoluta y que lo que se garantiza son acciones que propicien paz y armonía.
Estas declaraciones, dadas ante los medios tras una ceremonia de escoltas, ocurrieron en un contexto de alta tensión luego de distintos hechos violentos recientes en el puerto, incluidos ataques relacionados con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó esas palabras como “desafortunadas” durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional del pasado jueves e insistió en que el gobierno federal trabaja de manera continua para garantizar la paz y la seguridad en Acapulco, destacando la presencia de la Guardia Nacional en las principales avenidas y zonas turísticas de la ciudad.
Reconfiguración en el gobierno municipal
Además de la salida de Bailleres Mendoza, se confirmó también la remoción de Daniel Moya Fosado como coordinador de Servicios Públicos Municipales, en un ajuste que, según fuentes del Ayuntamiento, responde a la necesidad de reordenar áreas clave ante las exigencias ciudadanas por mejores servicios y condiciones de seguridad.