La secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza exigió a través de sus redes sociales la suspensión de la subasta presencial “Les Empires de Lumière” celebrada en la Casa Millón, París, el próximo 27 de febrero.
El motivo de esta petición es debido a que dentro de la lista de artículos a vender, se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de la Nación e inalienables por la ley, de acuerdo con la funcionaria.
“La Secretaria de Cultura informa que el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió el dictamen correspondiente. La defensa del patrimonio cultural es una responsabilidad de Estado y un acto de justicia histórica”, escribió por medio de su cuenta oficial de X este 26 de febrero.
Comunicado de la Secretaría de Cultura por subasta en París
El organismo cultural también publicó un comunicado sobre la situación donde manifestó su desaprobación y rechazo ante la venta de piezas pertenecientes al patrimonio cultural del país.
Declaró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen sobre el catálogo de la subasta y determinó que 40 de los objetos anunciados constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del legado cultural de la Nación mexicana, según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Estos bienes son propiedad de México, inalienables e imprescriptibles, y su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio mexicano deriva de una extracción ilícita.
La Secretaría de Cultura apeló a la ética y respeto por el patrimonio cultural e hizo un llamado para detener la oferta y venta de dichos objetos, ya que representan una herencia invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional.
Señaló que estos vestigios integran la identidad histórica de México y constituyen la memoria de los pueblos originarios. También informó que se han iniciado los procedimientos jurídicos correspondientes ante las autoridades pertinentes, con el objetivo de que las piezas repatriadas al país por los canales diplomáticos y legales oficiales.
Las autoridades mexicanas reafirmaron su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en cumplimiento de la legislación nacional y tratados internacionales. Se exhortó a reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de artículos expoliados.
Finalmente, se invitó a sumarse a la protección del legado cultural, considerando que su venta atenta contra la memoria de los pueblos de México.