El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego anunció este martes la presentación de una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), acusando al Estado mexicano de una “persecución política sistemática” que, a su juicio, busca restringir su libertad de expresión y participación en el debate público.
Según el empresario, la acción legal fue entregada personalmente ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, acompañado de un expediente de más de 100 páginas con supuestas pruebas del uso coordinado de herramientas fiscales, judiciales y administrativas para intimidarlo y desgastarlo por sus opiniones críticas al gobierno.
Salinas Pliego acusa que estos mecanismos han incluido auditorías excesivas, señalamientos mediáticos durante conferencias oficiales y un entorno judicial adverso que él considera parte de un intento por silenciarlo. En su denuncia también solicita que la CIDH reconozca responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene medidas que garanticen la libertad de expresión y de propiedad.
El anuncio se da en medio de una larga disputa entre el empresario y las autoridades fiscales mexicanas, particularmente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que prevé exigir el pago de adeudos fiscales por miles de millones de pesos tras resoluciones definitivas en tribunales nacionales.
Por su parte, el gobierno federal ha defendido que las acciones administrativas y fiscales son procedimientos legales y no persecución política, mientras que Salinas insiste en que su denuncia tiene repercusiones más amplias sobre el clima de libertad en México.
El caso aún tendrá que ser evaluado por la CIDH, proceso que puede extenderse por años antes de que se determine si procede a una etapa formal o se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.