
La violencia estructural y la impunidad son constantes detrás del aborto forzado en México, de acuerdo con el reporte “Aborto: La realidad no contada”, elaborado por el equipo de investigación de la plataforma UNNA, especializada en la agenda de protección a la mujer embarazada.
El estudio fue presentado por la abogada y vocera de UNNA, Paulina Hernández Torruco, quien advirtió que eliminar el delito de aborto de los códigos penales dejaría en estado de indefensión a mujeres que son obligadas a interrumpir su embarazo contra su voluntad.
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Violencia estructural detrás del aborto forzado
El informe expone que el aborto forzado concentra prácticamente todas las modalidades de violencia contra las mujeres, entre ellas abuso sexual infantil, violencia física, psicológica y emocional, coacción, chantaje, violencia económica, trata de personas y, en casos extremos, feminicidio.
De acuerdo con Hernández Torruco, la configuración legal del delito de aborto ha tenido como finalidad la protección de la mujer embarazada y de sus hijas o hijos por nacer, particularmente en contextos donde existe violencia, sometimiento o abuso.
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La mayoría de los procesados por aborto son hombres
Uno de los principales hallazgos del reporte es que la mayoría de las personas procesadas y sentenciadas por el delito de aborto en México son hombres. Según datos oficiales recabados de fiscalías estatales y autoridades locales de procuración de justicia, actualmente hay 71 hombres encarcelados por este delito, frente a solo 7 mujeres.

La vocera de UNNA precisó que las mujeres privadas de la libertad no lo están por haberse practicado un aborto, sino por haber participado en actos de coacción contra otras mujeres o en delitos relacionados con el aborto forzado. Aseguró que las cifras utilizadas en el informe son oficiales y no responden a sesgos ideológicos.
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Casos documentados de aborto forzado en México
El reporte documenta diversos casos de aborto forzado vinculados a violencia sexual y abuso. Entre ellos, se expone un caso ocurrido en Guanajuato, donde un adulto abusó sexualmente de una menor de edad y, al conocer que cursaba un embarazo avanzado, la obligó mediante violencia física y emocional a ingerir pastillas abortivas.
Tras la denuncia presentada por la madre de la menor, el agresor fue procesado y sentenciado a más de 10 años de prisión, lo que, de acuerdo con UNNA, evidencia la utilidad del tipo penal para sancionar estos actos de violencia.
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Cifras oficiales y advertencia sobre la despenalización
En materia de cifras, el informe señala que durante 2024 se abrieron al menos 841 carpetas de investigación por aborto forzado en México, mientras que en lo que va de 2025 se han iniciado otras 370. Actualmente, 71 hombres y siete mujeres se encuentran encarcelados por este delito.
Solo Durango y Tlaxcala no registran denuncias por aborto forzado, lo que la organización atribuye a una valoración más integral de la vida.
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UNNA advirtió que derogar el delito de aborto de los códigos penales dejaría sin protección legal a mujeres víctimas de violencia y abriría la puerta a más agresiones sin consecuencias jurídicas.
El informe concluye que mantener este tipo penal es indispensable para visibilizar y sancionar la violencia que enfrentan mujeres embarazadas en contextos de abuso y coacción.
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