La Célula BOI entregó al Ministerio Público cuatro cámaras de videovigilancia retiradas en la ciudad de Jiménez, Chihuahua con el objetivo de que se investigue si, además de su instalación sin permiso, eran utilizadas para actividades ilícitas.
Esta medida, informada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), forma parte de una estrategia de seguridad que busca frenar la proliferación de dispositivos de monitoreo no autorizados en la región sur del estado.
El operativo, realizado el 18 de julio, involucró a integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército Mexicano, la Seguridad Pública y los Servicios Públicos de Jiménez. Las autoridades intervinieron en varios puntos del municipio, donde detectaron y desmontaron los equipos de videograbación.
Retiran cámaras ilegales en Jiménez para frenar delitos
De acuerdo con la información difundida por la FGE, los dispositivos se encontraban instalados en infraestructura perteneciente a Telmex, la Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de Alumbrado Público, sin que existiera autorización para su colocación.
La remoción de estos aparatos no constituye un hecho aislado. En abril, las mismas autoridades retiraron 53 cámaras en Jiménez y 33 en la ciudad de Parral, todas instaladas de manera irregular. Estas acciones, que se mantienen de forma constante, buscan garantizar la seguridad de la población y fortalecer la prevención de delitos en la zona.
“Las cámaras fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y determinar si además de su instalación irregular, eran utilizadas para actividades ilícitas”, explicó la Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua subrayó que la presencia de cámaras no autorizadas representa un riesgo para la ciudadanía, ya que podrían emplearse para fines distintos a la vigilancia legítima, incluyendo la posible comisión de delitos.
Por ello, los dispositivos incautados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, que determinará su procedencia y uso real.
La FGE insiste en que la estrategia de seguridad en la región sur continuará, con el propósito de evitar que infraestructura pública o privada sea utilizada sin permiso para instalar equipos que puedan vulnerar la integridad de los habitantes.
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