Estados y municipios estarán obligados a mayor transparencia en uso de programas sociales

La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para que todos los gobiernos estatales y de los municipios elaboren y publiquen en sus respectivos medios de difusión oficial las reglas de operación de los programas sociales incluidos en sus respectivos presupuestos de egresos anuales.

El objetivo de la reforma es dar transparencia en el uso de los recursos públicos asignados, evitar su uso electoral, y garantizar un reparto equitativo entre los beneficiarios.

Este esfuerzo busca contrarrestar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y los gobiernos municipales, los cuales son percibidos como los más susceptibles al manejo discrecional de programas y fondos.

Esto se basa en el principio de máxima publicidad, esencial para asegurar que la información en manos de entidades gubernamentales sea abierta y accesible al público, restringida únicamente por excepciones necesarias.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, los diputados aprobaron para la Secretaría de Bienestar un monto de 543 mil 933 millones de pesos (mdp), superior en 129 mil 300 mdp respecto al año anterior.

Sin embargo, el Gobierno Federal planeó una asignación de 3 billones 756 mil millones de pesos, que representan 41% del Presupuesto total, para desarrollo social, un aumento de 7.6% en términos reales en comparación con lo aprobado para 2023, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El diputado Omar Enrique Castañeda González, de Movimiento Ciudadano (MC), destacó que esta medida pretende clarificar las normas que rigen la asignación de recursos en los gobiernos gubernamentales y municipios.

La transparencia, el acceso oportuno a la información y la definición precisa de las excepciones a la regla de publicidad constituyen el núcleo de esta propuesta. Castañeda González señala que un objetivo clave es el de desestimular el uso electoral de los recursos y garantizar su llegada a las comunidades que más los necesitan.

Según el legislador del partido naranja se ha observado que el manejo oculto y sectario de la información sobre los programas gubernamentales contribuye a la concentración del control de recursos, alejándolos de los objetivos de bienestar comunitario.

Una vez que el Senado apruebe esta reforma, se obligaría la publicación detallada y temprana de las reglas de operación para todos los programas gubernamentales manejados, promoviendo así su universalidad y reduciendo la discrecionalidad en su uso.

El compromiso con la transparencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos fue enfatizado por Castañeda González. Este enfoque busca asegurar que los fondos gubernamentales sean utilizados en beneficio directo de la población, marcando un cambio hacia la rendición de cuentas y la gestión transparente de los recursos. La iniciativa legislativa se presenta como un paso crítico hacia la restauración de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, mediante la adopción de prácticas de gobierno abierto y responsable.

Para 2024, el Gobierno Federal consideró un aumento histórico en presupuesto para desarrollo social, este incremento se da en un contexto de restricciones en finanzas públicas, lo que implica la necesidad de adquirir deuda para financiar el mayor gasto público.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional para blindar los programas sociales, además de establecer la obligación de aumentos anuales.

Sin embargo, la decisión de endeudarse para financiar estos programas ha suscitado debates sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la efectividad a largo plazo de esta estrategia.

El IMCO advirtió que la transparencia y el escrutinio público serán fundamentales para asegurar que los fondos se asignen y gasten de manera que realmente beneficie a aquellos en necesidad, evitando al mismo tiempo cualquier posible mal uso en el contexto electoral.