Caso Ayotzinapa: ONGs acusaron trato inusual a favor del General Rafael Hernández

El militar en retiro es acusado de delincuencia organizada por la desaparición forzada de los 43 normalistas en septiembre del 2014

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(Foto: Twitter/@azucenau)
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Cuatro organizaciones no gubernamentales señalaron que el cambio de medida cautelar al general en retiro del Ejército Mexicano, Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es un trato preferencial y es un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); el Centro de Análisis e Investigación Fundar; así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; y la organización civil SERAPAZ, detallaron que no es la primera vez que al general recibe un trato preferencial .

“En agosto del 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal. Luego casi un año de denunciar esta grave irregularidad, que en ese momento motivó la salida de quien fuera fiscal del caso, las familias de los normalistas con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el general el 6 de julio del 2023; posteriormente, se le dictó auto de formal prisión”, señalaron.

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Agregaron que la determinación del juez segundo de Distrito “muestran una innegable sesgo a favor del Ejército”.

“Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido de otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios, explicables solo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente”, enfatizaron.

El 22 de agosto se dio a conocer que el general Hernández Nieto ganó un amparo por lo que la juez Raquel Ivette Duarte, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, cambió la medida cautelar en la que el general tendrá que firmar de manera quincenal.

Además de pagar una fianza de 50 mil pesos mexicanos, al tiempo que no podrá salir del estado de Puebla ni podrá acercarse a testigos o víctimas del caso de Ayotzinapa, de acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Imagen de archivo. Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela de Formación de Maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 sostienen pancartas con imágenes de las víctimas durante una marcha para exigir justicia, en Ciudad de México, México. 26 de julio de 2023. REUTERS/Henry Romero
Imagen de archivo. Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela de Formación de Maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 sostienen pancartas con imágenes de las víctimas durante una marcha para exigir justicia, en Ciudad de México, México. 26 de julio de 2023. REUTERS/Henry Romero

Tras la detención del militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Hernández Nieto fue recluido en el Campo Militar 1A de la Ciudad de México.

Durante la audiencia contra el general el pasado 20 de agosto, el Ministerio Público no pudo justificar la medida de prisión preventiva, por lo que la juez determinó modificar la medida cautelar.

El general en retiro era comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala cuando sucedió la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Este militar es señalado de supuestamente reunirse con miembros de la organización Guerreros Unidos, estructura criminal que secuestró a los normalistas, de acuerdo con chats en posesión de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Las ONGs también mencionaron que fue “extremadamente inusual” que la Guardia Nacional determinara en menos de 24 horas que el detenido no presentaba riesgo de fuga.

“Celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos, y que resulta sumamente sospechosa”, apuntaron.

Agregaron que “esta inédita decisión es otro fuerte golpe de impunidad que acredita, como lo hizo la negativa castrense a entregar los documentos requeridos por el GIEI, que el Ejército mexicano se ha convertido en este sexenio en un poder sin contrapesos que obstaculiza impunemente el esclarecimiento de los casos de violaciones de derechos humanos en los que esta misma administración prometió verdad y justicia”.