La semana pasada el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció que se iba de México por la “falta de condiciones” para seguir indagando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en 2014.
“Se hace imposible continuar. El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar a la verdad”, declaró Carlos Beristain, integrante del GIEI.
Para la periodista de investigación Anabel Hernández las recientes declaraciones del GIEI suponen un duro golpe a la credibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su intento por sancionar, como él mismo prometió, a todos los responsables del crimen.
Señaló que la situación se equipara con lo ocurrido por el GIEI en 2016 durante la gestión de Enrique Peña Nieto (EPN), cuando anunciaron su salida de México argumentando “obstáculos” a su trabajo.
“En aquel momento, abiertamente el gobierno de Peña Nieto no renovó tácitamente el acuerdo para que el grupo enviado por la CIDH siguiera con su trabajo. Ahora es más bien un portazo indirecto que el gobierno de AMLO da a los investigadores, al permitir que la SEDENA y la Marina no entreguen la información que requieren”, señaló Hernández en su última entrega para Deutsche Welle.
De igual forma subrayó que también ha habido “acoso” y “boicot” contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que desde el 2014 se dedican a representar a los familiares de los 43 normalistas y a ejercer presión a las autoridades para que esclarezcan el caso.
Lo mismo ocurrió, apuntó Heernández, con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación encabezada por Alejandro Encinas.
“Encinas, su equipo y testigos actuales y potenciales han sido víctimas de espionaje, poniendo en riesgo no solo la disposición de personas a seguir dando información inédita de lo que pasó esa noche, sino además su vida”, apuntó.
Dijo que que a un año de que concluya el mandato del presidente López Obrador, se torna “muy difícil” que el Estado mexicano reconozca la verdad y sanciones a los responsables directos del ataque y desaparición de los normalistas, pues solo rompiéndo desde arriba la cadena de protección se romperá el “omertá” o código de silencio que prevalece en los pocos funcionarios detenidos.
López Obrador, en su caso, se beneficia con el encubrimiento por el hecho de que designó como titular de la Sedena a un hombre que en aquella época era de los más cercanos al entonces secretario Salvador Cienfuegos, y dado que el ejército es actualmente una de las principales columnas del gobierno de AMLO, no quiere incomodarlos, aseguró la periodista.
“La SEDENA no solo obstaculiza las investigaciones, sino que protege a los pocos militares que han sido detenidos. Los tiene aislados en cárceles militares, y en varios casos les provee y paga abogados de defensa”, indicó.
Según Hernández, son cuatro personajes los que tienen que ser llamados a la rendición de cuentas y han sido evadidos en la actual gestión de AMLO: el ex presidente Enrique Peña Nieto; el entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; la ex procuradora Arely Gómez: y Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
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