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Cayó de la bicicleta, se fracturó tibia y peroné, pero no logró probar la responsabilidad del municipio: deberá pagar los gastos del juicio

Un hombre sostuvo que perdió el control por la presencia de barro y piedras en una senda peatonal de la zona norte. Reclamó una indemnización por incapacidad, gastos médicos, tratamiento kinesiológico, daño psicológico y consecuencias no patrimoniales. Sin embargo, la Justicia consideró que no había pruebas suficientes

Un juzgado de San Isidro rechazó la demanda de 5,5 millones de pesos contra un municipio por la caída de un ciclista. (Imagen de archivo: Freepik)

Un juzgado contencioso administrativo de San Isidro rechazó una demanda indemnizatoria contra una comuna por una caída en bicicleta ocurrida en julio de 2022. El reclamante había pedido una reparación de $5,5 millones por las lesiones que atribuyó a la presencia de barro y piedras sobre una senda peatonal, en una localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires.

La presentación judicial sostuvo que el accidente ocurrió el 2 de julio de 2022, cerca de las 9. Según el planteo, el ciclista, de 40 años de edad, circulaba por una senda peatonal cuando encontró piedras en el trayecto, que habrían sido dejadas allí durante trabajos de obra. Tras pasar sobre ese material, perdió el control de la bicicleta y cayó al asfalto.

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El demandante afirmó que varias personas se acercaron luego de escuchar sus gritos y solicitaron una ambulancia. Indicó que fue trasladado a un centro médico, donde le habrían diagnosticado una fractura en la tibia y el peroné de la pierna izquierda. También expuso que, días después, fue sometido a una operación con colocación de placa y tornillos.

El demandante afirmó que perdió el control de su bicicleta tras topar con piedras y barro sobre una senda peatonal en julio de 2022. (Imagen de archivo: Freepik)

La demanda relató además que el cuadro derivó en otras complicaciones. Entre ellas, mencionó una trombosis pulmonar que requirió una internación y dos procedimientos de cateterismo. Después de la cirugía, señaló que utilizó yeso, una bota ortopédica, muletas y que realizó 30 sesiones de rehabilitación kinésica.

En su reclamo, pidió $2,4 millones por incapacidad sobreviniente, $201.682,06 por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, y $450.000 para cubrir el tratamiento kinésico. También solicitó $1,5 millones por consecuencias no patrimoniales y $1 millón por daño psicológico, con intereses y costas.

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La acción se dirigió contra la municipalidad local bajo el argumento de que tenía el deber de conservar y limpiar los espacios públicos. La parte reclamante sostuvo que la senda se encontraba en condiciones inadecuadas y que el municipio debía responder por los daños derivados de esa situación, como guardián de las calles y veredas bajo su jurisdicción.

El ciclista denunció una fractura de tibia y peroné junto con una trombosis pulmonar posterior a la intervención quirúrgica. (Imagen de archivo: Shutterstock)

La demandada negó responsabilidad y cuestionó tanto la forma en que se produjo la caída como el vínculo entre el hecho y las lesiones reclamadas. Planteó que el episodio pudo obedecer a distintas causas ajenas al municipio, entre ellas una distracción, un problema de salud o la falta de estabilidad del ciclista.

La comuna también señaló que, de acuerdo con el propio relato de la demanda, la bicicleta circulaba por una senda peatonal. Afirmó que ese sector no estaba previsto ni acondicionado para el tránsito de rodados y sostuvo que, aun si la caída hubiera ocurrido como fue descripta, podía existir responsabilidad de la propia víctima.

La jueza, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de San Isidro, tuvo por acreditado que el accidente existió. Para llegar a esa conclusión, valoró las declaraciones de dos mujeres que dijeron haber circulado junto al demandante. Ambas relataron que había barro y piedras en la zona de unas rampas de acceso y que la rueda trasera de la bicicleta resbaló antes de que el hombre cayera contra un alambrado.

La comuna sostuvo que la senda peatonal no estaba destinada al tránsito de rodados y atribuyó el hecho a una posible culpa de la víctima. (Imagen de archivo: Freepik)

Las testigos coincidieron en que había portones abiertos, huellas de entrada y salida de vehículos, tractores y ruidos de tareas en el sector. Sin embargo, el juzgado consideró que esos testimonios no permitían identificar quién realizaba los trabajos ni establecer que se tratara de una obra ejecutada por la comuna.

La sentencia remarcó que la presencia de barro y piedras no bastaba, por sí sola, para atribuir una falta de servicio al municipio. Para ello, según explicó, era necesario demostrar el origen de esos elementos, cuánto tiempo permanecieron en el lugar y si la administración local los había generado, conocía su existencia o debía haberlos removido o señalizado.

También se analizaron fotografías presentadas por el demandante, aunque el juzgado les restó eficacia. Consideró que no había elementos para determinar con certeza cuándo fueron tomadas ni para comprobar que reflejaran el estado de la senda en el momento preciso del accidente. Agregó que fueron incorporadas fuera de la oportunidad procesal correspondiente.

La resolución judicial determinó que la ausencia de constancias sobre la atención médica inicial impidió comprobar el nexo causal entre la caída y las lesiones. (Imagen de archivo: Shutterstock)

El fallo abordó además el vínculo entre la caída y las lesiones por las que se pidió indemnización. Aunque la demanda describió una atención médica inmediata y posteriores tratamientos, la resolución señaló que no se incorporaron constancias de la primera asistencia ni documentación que acreditara el traslado en ambulancia.

Para el juzgado, esa falta de documentación impidió establecer qué lesiones fueron verificadas inmediatamente después del hecho y si se relacionaban de modo directo con la caída. La sentencia sostuvo que correspondía al reclamante probar no solo el accidente, sino también la irregularidad atribuida al servicio municipal, el daño y la relación causal entre ambos.

Con esos fundamentos, la jueza concluyó que no se probó una omisión concreta de la comuna ni que el barro y las piedras provinieran de una obra bajo su dirección. Por ese motivo, rechazó la demanda e impuso las costas a la parte vencida. La regulación de honorarios quedó diferida hasta que la decisión quede firme.

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