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Caso Odebrecht: Casación revocó los sobreseimientos de un exdirectivo de CAMMESA y un empresario

La Sala I ordenó que continúe la investigación contra Luis Beuret y Marcio Faria Da Silva por los pagos ilícitos vinculados con las obras de ampliación de gasoductos. Los jueces consideraron que el ejercicio de funciones públicas de otro imputado impidió la prescripción de la causa

La Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de Luis Beuret y Marcio Faria Da Silva en la causa Odebrecht

La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos del ex directivo de CAMMESA Luis Beuret y el empresario Marcio Faria Da Silva en la causa que investiga presuntos pagos ilícitos vinculados con Odebrecht y las obras de ampliación de gasoductos. El tribunal concluyó que el cargo público que ocupó otro acusado, el subsecretario de Combustibles Cristian Folgar, mantuvo vigente la acción penal para todos los imputados.

Con esta resolución, los camaristas hicieron lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera, anularon el fallo que había declarado prescripta la acción penal y ordenaron que el expediente continúe su trámite.

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La decisión modifica el escenario que había quedado planteado cuando la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había dispuesto el sobreseimiento de Beuret y Faria Da Silva por considerar vencidos los plazos para juzgarlos.

La Cámara Federal porteña había concluido que las tareas de Folgar como asesor técnico en el despacho de la entonces diputada Margarita Stolbizer no le otorgaban facultades reales para influir en la investigación en curso. Bajo ese criterio, no correspondía extender la suspensión del plazo penal.

Los votos

El juez Daniel Petrone propuso revocar los sobreseimientos, porque entendió que la Cámara Federal aplicó una interpretación incorrecta del artículo 67 del Código Penal al exigir que Cristian Folgar tuviera una capacidad concreta de influir u obstaculizar la causa. Precisó que basta con que uno de los imputados ejerza una función pública para que se suspenda la prescripción respecto de todos los partícipes.

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Petrone añadió que Folgar mantuvo esa condición hasta diciembre de 2025 y que, por eso, no podía considerarse prescripta la acción penal. Añadió que la noción penal de funcionario público es amplia y no depende de la jerarquía formal del cargo.

En un proceso paralelo, el Tribunal Oral Federal 2 impuso condenas de prisión condicional e inhabilitación perpetua a Julio De Vido, Daniel Cameron y Cristian Folgar

El camarista Diego Barroetaveña adhirió al voto de su colega Petrone. Manifestó que coincidía “en lo sustancial” con los fundamentos y acompañó la revocación de los sobreseimientos.

En tanto, el magistrado Alejandro Slokar señaló que, como ya existían dos votos coincidentes, la decisión estaba definida. Por aplicación del artículo 30 bis del Código Procesal Penal, se remitió a esa regla y no agregó fundamentos propios sobre la prescripción ni sobre la situación de los imputados.

El caso

El expediente analiza un presunto delito de cohecho, que se habría canalizado a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. Según reconoció la propia constructora en Brasil, el monto total de sobornos por los gasoductos ascendió a USD 25 millones.

La causa se vincula con el juicio en el que Julio De Vido, Daniel Cameron y Cristian Folgar fueron condenados por irregularidades en la adjudicación de los contratos para las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, otorgados a Odebrecht.

Por estos hechos, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Julio De Vido y Daniel Cameron a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Cristian Folgar recibió una pena de dos años y seis meses de prisión condicional y la misma inhabilitación.

La sentencia aún no está firme, ya que las defensas la recurrieron ante la Cámara Federal de Casación Penal. En sus presentaciones, sostuvieron que el proceso había vulnerado el derecho a ser juzgados en un plazo razonable y que, por ese motivo, correspondía declarar extinguida la acción penal. También cuestionaron la aplicación del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

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