Trasladaron a la cárcel de Ezeiza a la pareja de Lázaro Báez: su defensa pidió la domiciliaria y negó el intento de fuga

Claudia Noemí Insaurralde, pareja del empresario patagónico Lázaro Báez, fue trasladada este domingo al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para cumplir la prisión preventiva dictada por el juez de Río Gallegos, Claudio Vázquez. Había sido detenida el lunes pasado en el marco de la investigación que busca esclarecer si se estaban explotando, alquilando y vendiendo propiedades, campos y maquinarias que ya habían sido embargados o decomisados por la Justicia, en el marco de la ejecución de las penas de las causas “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.

En paralelo al traslado, la defensa de Insaurralde presentó un escrito en tribunales para pedir que la mujer pueda cumplir arresto domiciliario en una casa del partido bonaerense de San Vicente. Negaron que haya intentado fugarse y argumentaron que es paciente oncológica y tiene dos hijos menores que no están recibiendo el cuidado adecuado.

“La Tía”, como era llamada por el propio Báez en las escuchas telefónicas que forman parte de la causa por lavado de dinero y asociación ilícita, fue arrestada el pasado 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando aterrizó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de la Patagonia. Cayó junto a Cristian Sebastián “Budín” Ibáñez, hombre de confianza y lugarteniente de Báez en sus propiedades y negocios.

Tras la audiencia de formalización de cargos, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dispuso su prisión preventiva por un plazo de 180 días para ambos. Tras pasar la semana en el edificio de la Prefectura Naval, en el barrio porteño de Retiro, este domingo se concretó el traslado a la cárcel de mujeres. El magistrado dejó a criterio del Servicio Penitenciario Federal su estadía en el pabellón para presos de “alto riesgo”.

La causa penal en la que se encuentra involucrada Insaurralde investiga la existencia de una organización dedicada a la administración, explotación, disposición y circulación de bienes y fondos de origen ilícito. Según la hipótesis del fiscal Julio Zárate, la red operó de manera coordinada para seguir explotando comercialmente estancias, sociedades y propiedades vinculadas al patrimonio de Lázaro Báez, a pesar de que estos activos ya contaban con medidas judiciales de decomiso, embargo o depósito preventivo.

Según la acusación, el dueño del Grupo Austral —que cumple una condena de 15 años de prisión por “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”— daba órdenes por teléfono desde la cárcel a “Budín” y “La Tía” para seguir manejando y explotando su patrimonio por fuera del radar de la Justicia. Báez exigía la rendición de cuentas de los negocios, reclamaba y cobraba los alquileres de departamentos, dirigía la renegociación de contratos de arrendamiento de locales comerciales y coordinaba la explotación ganadera y la venta de lana de sus estancias, de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía.

Por su parte, Claudia Insaurralde, pareja de Báez desde hace diez años, presuntamente desempeñó una función de enlace clave. El fiscal Zárate le adjudicó la tarea de transmitir las directivas del empresario y ejecutar la administración territorial de los bienes. Por ejemplo, se le imputó haber alquilado sin contrato escrito un departamento del edificio “Koonek” en Río Gallegos —cuya titularidad corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación— y haber percibido cánones locativos de otra propiedad en la calle Alberdi por un total de $7.650.000 durante el año en curso.

Insaurralde pidió la domiciliaria

El planteo de la pareja de Báez fue presentado por la abogada Yanina Nicoletti, quien también es defensora del empresario condenado. El reclamo se basó en la situación de vulnerabilidad en la que quedaron los hijos de Insaurralde, de 13 y 15 años. Según el escrito, la mujer es la única persona adulta a cargo del cuidado y sustento de los adolescentes.

La defensa argumentó que la detención de la madre desarticuló por completo la organización familiar. Los chicos permanecen con una prima, pero su custodia no puede sostenerse en el tiempo debido a problemas de salud y económicos, alegó la abogada.

Asimismo, Nicoletti cuestionó que la fiscalía no ponderara este escenario familiar antes de requerir la privación de la libertad en una cárcel común.

El segundo pilar de la solicitud de prisión domiciliaria se concentró en el historial médico de Insaurralde. La defensa acompañó informes clínicos que acreditan que la mujer padeció un carcinoma mamario en 2024, por el cual recibió quimioterapia, radioterapia e intervenciones quirúrgicas.

“La documentación clínica que se acompaña acredita antecedentes oncológicos de importancia y, particularmente, la existencia de un hallazgo mamario respecto del cual su médico tratante indicó expresamente la realización de un procedimiento diagnóstico que aún permanece pendiente”, alertó la defensa en el escrito.

Insaurralde está en tratamiento y recibe medicación, que se le sigue proveyendo en su actual lugar de detención. No obstante, la abogada Nicoletti insistió en que el encierro carcelario dificulta el acceso rápido a sus necesidades médicas.

“No hubo voluntad de fuga”

A través de su defensa, Insaurralde negó haber intentado fugarse aquel lunes en el que fue detenida. Aseguró que era un regreso “programado” al lugar donde vive.

El fiscal Julio Zárate argumentó que la mujer no posee un arraigo firme en Buenos Aires porque los registros de antenas telefónicas la ubicaban de manera reiterada en Río Gallegos. La abogada de la imputada confrontó esas conclusiones.

Nicoletti sostuvo que tuvo pasos “temporales” por Santa Cruz, que se debieron a visitas familiares y gestiones particulares, sin que ello implicara abandonar su domicilio real en San Vicente. Resaltó incluso que los hijos van a la escuela en esa localidad.

“La presencia en una localidad puede obedecer a viajes temporales y a motivos concretos, sin que ello implique trasladar allí el domicilio efectivo ni abandonar los vínculos que determinan el arraigo. Precisamente, los desplazamientos de mi defendida durante 2026 responden a circunstancias familiares y personales identificables, y no a una conducta orientada a eludir la jurisdicción”, dice el escrito.

Finalmente, la letrada recordó que el inmueble propuesto para que Insaurralde cumpla el arresto domiciliario en San Vicente ya fue declarado apto y supervisado con anterioridad por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, dado que allí Lázaro Báez cumplió una medida similar en el pasado sin registrar incidentes.

La decisión quedará en manos del juez federal de Río Gallegos, que previamente puede correrle vista al fiscal de la causa para que emita opinión al respecto.