En julio de 2010, una constructora del grupo del detenido empresario Lázaro Báez contrató 20 noches en habitación doble en el Hotel Alto Calafate de la familia Kirchner. Fue para alojar a su personal y se pagaron $ 786.227,75. Las obras públicas donde se supone iban a diario a trabajar estaban en Comandante Luis Piedrabuena y distintos tramos de la Ruta Nacional 3, a una distancia de entre 391 y 472 kilómetros del hotel. Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, en la causa Hotesur, ello implicaba recorridos de varias horas desde el lujoso hotel en El Calafate a los puestos laborales.
Este es tan sólo uno de los ejemplos que se escucharán desde el miércoles próximo cuando el Tribunal Oral Federal 5 dé por comenzado el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner, a su hijo el diputado nacional Máximo Kirchner y otros 16 acusados en la causa Hotesur, que se juzgará junto a la de la inmobiliaria familiar Los Sauces. Sobre esta última, concluyó ya la lectura de la acusación.
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CFK y Lázaro comparten banquillo en varios juicios: martes y jueves tienen cita en el caso Cuadernos. Lunes, miércoles y viernes se ven por ahora de manera virtual en Hotesur-Los Sauces. En el caso de Báez, se conecta desde la cárcel de Ezeiza. CFK lo hace desde el departamento de San José 1111, bajo prisión domiciliaria. La virtualidad terminará a la hora de las declaraciones indagatorias. Juntos fueron ya condenados a seis años de prisión en la causa Vialidad.
Hoteles y lavado
Hotesur investigó una presunta maniobra de lavado de activos a través de la actividad hotelera, con fondos obtenidos mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, delito por el que ya están condenados y cumpliendo penas de prisión en la causa Vialidad la expresidenta y el también acusado Lázaro Báez. La investigación fue enviada a juicio por el juez federal Julián Ercolini.
Para los fiscales que llevaron adelante la acusación, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, Cristina Fernández integraba la presunta organización delictiva junto con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner: diseñó, ejecutó y dirigió el esquema que la fiscalía calificó como lavado de activos, a través de la actividad hotelera de los fondos que provenían, en parte, de la defraudación al Estado mediante obra pública vial en Santa Cruz. La misma se adjudicaba a empresas de Báez, quien a su vez se vinculaba a la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, Valle Mitre.
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Según la acusación, junto con su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, la expresidenta intervino primero en la obtención de fondos para comprar los hoteles: la fiscalía mencionó ventas de propiedades a Austral Construcciones y Epelco por $ 15.103.096,50, un préstamo de Austral Construcciones por $ 8.329.596,50 y créditos del Banco Santa Cruz por $ 10.277.933,82.
También prestó asentimiento conyugal en operaciones inmobiliarias y con tierras fiscales de El Calafate que, según el escrito, habían sido adquiridas por $ 135.002,80 y luego vendidas por USD 2.000.000. Intervino en la compra de la Hostería Las Dunas por USD 700.000 y en la adquisición de Hotesur, propietaria del Hotel Alto Calafate, por USD 4.900.000. Se aprobó la donación de 10.000 acciones de la sociedad familiar a Máximo Kirchner, operación que, de acuerdo con la fiscalía, permitió cumplir con el requisito legal de pluralidad de accionistas.
Ya en el último tramo de la supuesta maniobra se ratificó la contratación de Valle Mitre para la administración de los hoteles. Finalmente CFK se habría beneficiado junto a su familia de los fondos que Valle Mitre le pagaba por los alquileres de los hoteles que gerenciaba de la familia presidencial y que provenían en su mayor parte del alquiler de habitaciones por parte de las empresas de Báez. El dictamen identificó $ 6.909.708 por Las Dunas y $ 28.597.624 por la cesión y explotación del Alto Calafate.
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El circuito hotelero patagónico
Para la fiscalía, Valle Mitre fue la pieza que conectó los fondos ilícitos provenientes de compañías del Grupo Báez beneficiadas con obra pública vial nacional con los alquileres que se pagaban a la familia Kirchner y sus sociedades por los hoteles. La acusación atribuyó a los contratos de hospedaje, servicios, consultorías y marketing la función de justificar parte de ese movimiento de dinero.
La familia Kirchner recibió al menos $ 38.344.056 por el alquiler y la explotación de tres hoteles entre 2008 y 2013 y el principal pagador fue Valle Mitre, la firma que administró los establecimientos y que la fiscalía vinculó al grupo empresario de Báez, dueño de “Austral Construcciones”.
Ese total surge de sumar los pagos que el dictamen atribuyó a Valle Mitre por el Hotel Alto Calafate, la Hostería Las Dunas y el Hotel La Aldea del Chaltén. La cifra corresponde a valores nominales de cada período y forma parte de la hipótesis que consideró esas operaciones como un presunto mecanismo de lavado de activos.
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El Hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur, fue el principal canal de ingresos de la estructura descripta en el expediente. La fiscalía estimó que Valle Mitre pagó $ 28.597.624 por la cesión y explotación comercial del establecimiento entre noviembre de 2008 y julio de 2013.
La segunda vía fue la Hostería Las Dunas, que Néstor Kirchner había comprado en febrero de 2008. Según el requerimiento, Valle Mitre transfirió $ 6.909.708 por el alquiler de ese establecimiento entre marzo de 2010 y mayo de 2013. El canon mensual era de $ 177.172. Antes de ese acuerdo directo con la familia Kirchner, Valle Mitre había pagado $ 10.000 mensuales a Kank y Costilla por la concesión del mismo hotel, de acuerdo con la documentación citada en el expediente.
El tercer establecimiento fue el Hotel La Aldea del Chaltén, adquirido por la sociedad Los Sauces en abril de 2009 por $ 200.000. La fiscalía señaló que Valle Mitre pagó $ 2.836.724 por la explotación del hotel. Esa parte de los hechos fue incluida en la causa Los Sauces, aunque el requerimiento de Hotesur lo menciona para describir el funcionamiento general del circuito. En términos contractuales, Valle Mitre fue el principal cliente o pagador de los hoteles porque suscribió los contratos de alquiler y explotación con Hotesur, Los Sauces y la sucesión de Néstor Kirchner.
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La firma funcionó como la gerenciadora de los establecimientos y recibía fondos por alquiler de habitaciones por parte de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y otras empresas del conglomerado de los Báez. Según la reconstrucción contable citada en el dictamen, esas empresas transfirieron a Valle Mitre $ 75.870.060,24. Austral Construcciones concentró $ 70.949.170,95, el 93,53% del total identificado. Entre 2010 y 2011, el Grupo Báez representó el 56% de la facturación de Valle Mitre.
El 31 de julio de 2013 Valle Mitre dejó la administración de los establecimientos. La fiscalía vinculó ese cambio con la exposición pública de la relación comercial entre Báez y la familia Kirchner. IDEA, una empresa vinculada a otro acusado, Osvaldo Sanfelice, tomó el gerenciamiento del hotel Alto Calafate.
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