La Cámara Federal porteña sobreseyó por inexistencia de delito al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina que había sido acusado por supuesta “desobediencia”, al negarse a habilitar el blanqueo de claves para el acceso a casillas de correo electrónico de directivos de la empresa. Fue durante un allanamiento en la causa por corrupción por la compra estatal de medicamentos de alto costo para discapacidad.
El acusado había sido indagado y se le dictó falta de mérito, una decisión que fue apelada por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien reclamó el procesamiento, según supo Infobae en fuentes judiciales.
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El fiscal apeló ante la Cámara Federal por presunta “desobediencia a un funcionario público”. Rivolo entendió que la “voluntad” de no colaborar fue “autónoma y determinante del fracaso de la medida”.
Pero al decidir sobre ese recurso, el Tribunal de Apelaciones hizo lugar a un planteo de la defensa, sobreseyó al acusado, Hernán Daniel Díaz, y lo desvinculó de la investigación por inexistencia de “dolo” en su accionar.
La opinión del abogado
En la resolución, los camaristas sostuvieron que el jefe de sistemas siguió directivas de un abogado que estaba presente en el lugar y que antes existió una “negativa de los directivos de la empresa a autorizar el acceso a sus casillas de correo electrónico” que fue “avalada y comunicada a viva voz por el letrado de la firma”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
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Fue en ese contexto, interpretaron los camaristas Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, que el responsable del área de sistemas “quien no es abogado ni posee formación jurídica alguna, y cuya intervención en el procedimiento obedecía exclusivamente a sus conocimientos técnicos” decidió con la “opinión concreta y expresada públicamente por un profesional del derecho presente en el lugar, quien sostuvo que no tenía obligación de colaborar en ese punto puntual”.
Por ende lo que hizo el empleado jerárquico al “ajustar su conducta a esa indicación, proveniente de quien ejercía la asistencia letrada de la firma para la que trabajaba y que se encontraba autorizado a intervenir en el procedimiento, no constituye una decisión arbitraria, caprichosa o manifiestamente descabellada”, agregó la resolución.
La Cámara puntualizó además que la orden judicial decía “podrá” brindar colaboración y no era “una fórmula imperativa” sobre la asistencia del personal técnico, y contemplaba “expresamente un mecanismo alternativo -el secuestro de los equipos y del respaldo del servidor- para el supuesto de que no se lograra el acceso mediante el blanqueo de claves”.
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El allanamiento
El episodio ocurrió el 29 de agosto de 2025 durante un allanamiento en la sede de la empresa ordenado en la causa ANDIS a pedido del fiscal que tiene delegada la investigación, Franco Picardi. Se le pidió al personal técnico de la firma que habilitara el acceso a casillas de correo institucionales con restablecimiento de contraseñas.
El jefe de sistemas de manera inicial colaboró y entregó las credenciales de administrador del servidor de la firma y la ejecución de las tareas necesarias para el secuestro de su respaldo. Pero cuando se le pidió el blanqueo de las contraseñas de los correos electrónicos institucionales de los directivos dijo que si bien podía, no iba a hacerlo porque no tenía permiso de los titulares. Ante ello el entonces juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, lo denunció y se abrió una investigación en otro juzgado.
El juez federal Julián Ercolini lo citó a declaración indagatoria a pedido del fiscal Rivolo y luego dictó la falta de mérito para profundizar la pesquisa con nuevas medidas de prueba que ordenó. La decisión fue apelada.
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En su descargo escrito al ser indagado, el jefe de sistemas hizo hincapié en que no estaba autorizado por los dueños de los mails a revelar las claves. Argumentó que no podía ceder esa información ante la autoridad judicial, ya que su deber es guardar el secreto.
El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, en la sede de la Droguería Suizo Argentina, ubicada en Monroe 801.
Ese día, la orden del juez federal Sebastián Casanello fue obtener una copia de los correos electrónicos institucionales que habían enviado y recibido una decena de directivos de la firma, con el objetivo de encontrar nuevas evidencias vinculadas a la investigación sobre irregularidades en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
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El 22 de septiembre pasado la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo y otros 18 acusados por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad para la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios, desde diciembre de 2023 a octubre de 2025. Los remedios se destinaban a sectores vulnerables.
En la causa hubo una segunda tanda de declaraciones indagatorias que tomó el nuevo juez del caso, el federal Ariel Lijo, cuyas situaciones procesales deben resolverse. Los directivos de la droguería Suizo Argentina están imputados pero aún no se tomó ninguna decisión sobre sus personas mientras continúa la investigación y no integran el listado de indagados.
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