El empresario y piloto aeronáutico Leonardo Luis Barone, quien estuvo a cargo de la flota aérea presidencial durante la presidencia de Alberto Fernández, apeló la condena de tres años de prisión en suspenso que recibió en agosto de este año. Sus abogados defensores buscan que la Cámara Federal de Casación Penal anule la sentencia y declare la extinción de la acción penal por prescripción.
La máxima instancia penal del país revisará la legalidad de la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 y del rechazo al planteo de prescripción, resuelto este miércoles por el juez Néstor Costabel.
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Leonardo Barone fue el piloto que, en mayo de 2023, trajo a la Argentina el nuevo Tango 01 que se incorporó a la flota nacional. Aquel arribo quedó marcado por una peligrosa maniobra a metros de la pista del Aeroparque Jorge Newbery: un vuelo rasante con el avión de costado. Tuvo que renunciar por el escándalo y los cuestionamientos de especialistas aeronáuticos.
La causa judicial contra el expiloto presidencial se inició a partir de una denuncia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por irregularidades en la Licitación Pública 4/2013. Dicha contratación estatal tenía como propósito la adquisición de diez aeronaves de instrucción básica para pilotos, que eran fabricadas por la firma Proyecto Petrel S.A. La empresa adjudicataria del contrato fue Global Jet Aviation S.A., de la que Barone era apoderado.
De acuerdo con la investigación judicial, Leonardo Luis Barone presentó ante la ANAC cuatro pólizas de seguro de caución falsas que simulaban pertenecer a la firma Zurich Argentina Compañía de Seguros. Estos documentos se entregaron en distintas etapas del proceso entre febrero de 2014 y agosto de 2015 para garantizar el cumplimiento del contrato, respaldar un anticipo financiero del 30 % y cubrir deficiencias técnicas detectadas en las cuatro aeronaves que llegaron a entregarse de forma provisoria. El valor nominal conjunto de estas cauciones ascendió a $5.580.442,14.
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La maniobra quedó al descubierto a fines de 2017, cuando las autoridades de la ANAC intentaron verificar las cauciones ante reiterados incumplimientos en la entrega de los seis aviones restantes.
Cuando las autoridades consultaron a la aseguradora, los directivos de Zurich confirmaron que las pólizas no figuraban en sus registros, que los números no coincidían con su sistema y que Global Jet Aviation no era cliente de la aseguradora. Asimismo, la empleada a quien se le atribuían las firmas de los documentos desconoció las rúbricas, lo cual ratificó posteriormente una pericia caligráfica oficial.
La condena
El pasado 10 de agosto, el juez Néstor Costabel condenó a Barone a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. El magistrado lo consideró autor de los delitos de uso de documento privado falso en concurso ideal con defraudación en perjuicio de la administración pública.
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Durante el debate, el imputado se negó a declarar, aunque en sus últimas palabras y en indagatorias previas durante la instrucción sostuvo que desconocía la falsedad de las pólizas. Barone le echó la culpa a un fallecido. El piloto atribuyó la gestión de las garantías a Raúl Eduardo Larumbe, director de la firma, quien murió en febrero de 2015. La justicia rechazó este descargo debido a que una de las pólizas apócrifas se presentó seis meses después del deceso de Larumbe.
La defensa del piloto argumentó en su apelación que no existió un perjuicio patrimonial real y efectivo para el Estado, ya que las cauciones representaban un daño meramente potencial y no se tradujeron en un desembolso de dinero público. También señaló que Barone no tenía la obligación legal de verificar la autenticidad de los instrumentos y que la ANAC rescindió el contrato recién en 2023, y que las pólizas cuestionadas habían sido reemplazadas por otras de la firma Galeno en diciembre de 2021.
Ahora, el eje central de la estrategia de la defensa es lograr que se declare la prescripción de la acción penal. Los letrados explicaron que el delito de uso de documento privado falso prevé una pena máxima de dos años, por lo que el plazo para perseguir el hecho venció en agosto de 2017, si se toma como punto de partida la presentación de la última póliza trucha, el 3 de agosto de 2015.
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Respecto a la defraudación agravada, que contempla un tope de seis años de prisión, la defensa alegó que las presentaciones de pólizas de 2014 y de abril de 2015 prescribieron en 2020 y 2021, respectivamente.
Según el razonamiento de los abogados de Barone, el llamado a indagatoria del 16 de julio de 2021 ocurrió cuando los plazos de las primeras maniobras ya habían expirado.
El TOF N° 2 rechazó este miércoles el planteo de prescripción. El juez Costabel determinó que la presentación de las cuatro pólizas apócrifas formó parte de una única maniobra delictiva. Al tratarse de delitos en concurso ideal, el magistrado aplicó el plazo de prescripción de seis años correspondiente al delito mayor (defraudación agravada) para la totalidad del hecho.
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Bajo este criterio, el llamado a indagatoria interrumpió válidamente el plazo cuando habían transcurrido cinco años, once meses y trece días desde el último suceso, evitando así la extinción de la causa por una diferencia de apenas dos semanas. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal tendrá la responsabilidad de definir si confirma la condena del expiloto o si hace lugar a los reclamos de la defensa.
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