La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un pedido formal para que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, se inhiba de intervenir en la causa en la que se investiga una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
La presentación judicial se realizó este martes, a menos de un día de una audiencia clave destinada a resolver qué fuero debe continuar con el expediente de la mansión, cuyo valor estimado ronda los 17 millones de dólares.
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Carrió, en calidad de denunciante original de la causa, argumentó que existen circunstancias objetivas que ponen en duda la imparcialidad del magistrado. El cuestionamiento se centró en el vínculo institucional reciente que el camarista mantuvo con la AFA. Según detalló el escrito, Barroetaveña integró el Tribunal de Ética de dicha entidad desde diciembre de 2021 hasta fines de diciembre de 2025, período en el cual se desempeñó primero como vicepresidente y luego como presidente del cuerpo.
Durante su gestión al frente de ese tribunal interno, Barroetaveña intervino en un expediente denominado “Claudio Tapia s/PEP”. En ese proceso se analizó si el presidente de la AFA debía ser considerado una Persona Políticamente Expuesta (PEP), condición que obliga a controles financieros más estrictos para prevenir el lavado de activos.
En aquella oportunidad, el Tribunal de Ética adoptó una resolución favorable para Tapia, tras evaluar sus declaraciones juradas y sus funciones en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), según se desprende de la presentación de “Lilita”.
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Para la exdiputada, estos antecedentes resultan determinantes, ya que el magistrado debe resolver ahora en un caso penal que involucra a directivos de la misma asociación deportiva.
La hipótesis principal de la Justicia busca esclarecer si los dueños formales de la quinta de Pilar, un monotributista llamado Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, actuaron en realidad como testaferros de terceros, entre quienes aparecen mencionados “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
En su presentación, la dirigente de la Coalición Cívica aclaró que no es necesario demostrar un interés personal, económico o de amistad por parte del magistrado para solicitar su alejamiento.
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En caso de que el camarista rechace excusarse, Carrió solicitó que se le dé intervención al fiscal de Casación, Mario Villar, para que evalúe una recusación formal. Asimismo, requirió que se elabore un informe para constatar si el juez asistió a eventos sociales en el predio investigado.
La disputa por la competencia del expediente sumó así un nuevo ribete. La causa penal se inició a principios de año y ya pasó por cuatro magistrados debido a sucesivos planteos. El expediente se originó en Comodoro Py, pasó al fuero Penal Económico y luego fue a parar a los tribunales de San Martín.
No obstante, luego de un fallo de la Casación, la Cámara en lo Penal Económico dispuso que la investigación continúe en su fuero, bajo la dirección de la jueza Verónica Straccia, al considerar que las presuntas maniobras de lavado de dinero ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires.
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La Sala I de la Cámara de Casación fijó una audiencia para este miércoles a las 11:30 con el fin de escuchar a las partes y definir el tribunal definitivo.
Tras este encuentro, los jueces dispondrán de cinco días hábiles para emitir su voto. Sin embargo, la nueva presentación de la Coalición Cívica obligó a la Justicia a resolver primero si Barroetaveña se encuentra en condiciones de intervenir en esa decisión.
Este escenario recordó lo sucedido en febrero de este año con otro integrante de la Casación, Carlos “Coco” Mahiques. El magistrado se apartó de la subrogancia en la sala que debía tratar el caso luego de que trascendiera que habría celebrado su cumpleaños en la misma quinta de Villa Rosa.
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Además, Carrió ya había hecho un planteo similar a este último cuando pidió el apartamiento de la camarista Ángela Ledesma.
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