El juez federal Ariel Lijo dispuso que el próximo 26 de agosto comience el postergado peritaje acústico sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los principales acusados en la causa que investiga maniobras de corrupción dentro del organismo.
La medida, a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, busca determinar el origen y la veracidad de las grabaciones en las que se habla de sobornos y sobreprecios, y que sirvieron para destapar el caso.
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La Justicia citó a Spagnuolo para que se presente a dar una muestra de voz -para cotejarla con los audios- en los laboratorios de la Gendarmería, pero el exfuncionario mileísta se niega a colaborar porque, según su criterio, se estaría autoincriminando.
Según pudo saber Infobae de su entorno, Spagnuolo sostendrá ante la Cámara Federal de Apelaciones su planteo de nulidad para que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva si la citación vulnera su garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.
En cualquier caso, el exdirector de ANDIS podría limitarse a presentar un escrito para avisar que no asistirá, ya que no está obligado a hacerlo. Pero eso no está en sus planes, al menos de momento.
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El juez Lijo decidió avanzar con el estudio forense con o sin la colaboración de Spagnuolo. El fiscal de la causa, Franco Picardi, sugirió tomar la muestra de voz del exfuncionario de cuatro entrevistas que brindó en Neura, La Nación+, Border y El Observador mientras integraba el Gobierno de Javier Milei.
El peritaje debió comenzar originalmente el pasado 22 de julio. El fiscal Picardi solicitó una postergación debido a que los peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia por el receso judicial de invierno.
El objetivo central de los expertos consistirá en verificar la veracidad de los archivos y detectar si existieron manipulaciones, cortes o ediciones posteriores a la grabación original. Asimismo, los técnicos buscarán identificar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, tales como sistemas de clonación de voz o síntesis automática, para falsear las palabras de Spagnuolo.
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Otro punto a tener en cuenta es el presunto origen ilícito de los audios, que fue enunciado por distintas defensas a lo largo de la causa.
La estrategia de algunos de los principales acusados apunta a aplicar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, bajo el argumento de que, si se demuestra la invalidez o la procedencia ilegal de los audios, toda la investigación y las pruebas derivadas que se sucedieron con posterioridad también deben caer por estar contaminadas de nulidad.
Para que esto sea así, debería tenerse por cierto que las grabaciones dieron inicio a la causa, algo que el fiscal Picardi ya rebatió en distintas instancias. De hecho, la fiscalía no utilizó los archivos a la hora de construir su acusación y pedir el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 integrantes de la presunta asociación ilícita.
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Mientras avanza el peritaje, el juez Lijo tiene por delante resolver la situación procesal de los últimos 30 imputados -funcionarios, empleados públicos, empresarios e intermediarios- que ya pasaron por declaración indagatoria. El fiscal busca sumarlos a la lista de procesados que tiene el expediente.
En tanto, el primer grupo de acusados aguarda a que la Cámara Federal porteña resuelva la apelación de sus procesamientos. La Sala II quedó desintegrada luego de la salida del juez Martín Irurzun, cuestión que podría demorar el fallo.
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