El médico Pedro Cahn fue el primer imputado que declaró en la causa por presuntas irregularidades en la compra de vacunas durante la pandemia de COVID-19. Este martes se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Ariel Lijo y negó todas las acusaciones en su contra.
El infectólogo Pedro Cahn, director científico de la fundación “Huésped” y exasesor del presidente Alberto Fernández, se presentó minutos antes de las 11 en Comodoro Py y se retiró dos horas más tarde, acompañado por su abogado Ricardo Gil Lavedra.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el imputado presentó un escrito y respondió preguntas acerca de cuál fue su rol como asesor del jefe de Estado.
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Entre otras definiciones, Cahn negó haber intervenido de cualquier forma en la decisión de qué vacunas comprar o con qué laboratorios debería tratar el Gobierno. Y, además, aseguró que el comité de expertos médicos y científicos que integró no hizo ninguna recomendación a Alberto Fernández en esta materia.
El requerimiento de Stornelli no atribuyó a Cahn responsabilidad directa en la adquisición de vacunas. Sin embargo, está implicado en la causa por su rol como divulgador de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que implicaron la prohibición de circulación y afectaron las fuentes de trabajo de millones de personas.
El especialista fue una figura consultada por el entonces jefe de Estado y tuvo una presencia mediática constante durante la pandemia, justificando las medidas de aislamiento. Recientemente, el presidente Javier Milei lo criticó duramente, calificándolo como uno de los ideólogos de la “infectadura”.
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Las indagatorias continuarán el 16 de junio, cuando será el turno de Carla Vizzotti, quien ocupó los cargos de secretaria de Acceso a la Salud y ministra de Salud durante el período investigado.
La causa busca determinar si la compra y la provisión de vacunas se basaron en criterios epidemiológicos y científicos o si, por el contrario, existieron motivaciones económicas para favorecer a grandes laboratorios -AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik- y empresas locales.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que, a pesar de que las negociaciones con el laboratorio Pfizer comenzaron tempranamente —los intercambios entre el Estado Nacional y la empresa habrían comenzado en julio de 2020—, “desde el gobierno argentino no se avanzó en dicho sentido”.
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“No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, reconstruyó Stornelli.
Y completó: “Si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación”.
El fiscal presume que la dilación fue intencional para favorecer a los competidores de Pfizer, así como a los “socios locales” que hicieron en el país “estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”.
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Además de Cahn y Vizzotti, otros funcionarios y empresarios fueron convocados a declarar en esta causa. También fue citada la exasesora Cecilia Nicolini, quien mantuvo una relación fluida con los productores de la Sputnik V y declarará el 14 de julio.
El juez Lijo también llamó a declarar al infectólogo Eduardo López, asesor en infectología; al entonces subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Alberto Monsalvo; al exdirector nacional de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel Castelli; a la exsubsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Gabriela Tarragona.
También se citó a los apoderados de distintas compañías que habrían sido beneficiadas por la decisión del Ejecutivo de aquel momento de retrasar las negociaciones con el laboratorio Pfizer para la adquisición de vacunas.
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