El defensor público Oficial, Santiago Finn, abrirá este martes la ronda de alegatos de los imputados en el juicio que investiga las irregularidades detectadas en la contratación de la empresa Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS).
Después de conocerse la acusación del Ministerio Público Fiscal, Finn tiene a cargo la representación del exsecretario de Energía, Daniel Cámeron, y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.
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Cuando presente sus argumentos, revelará si se inclina por la insuficiencia probatoria de la fiscalía o si introduce una hipótesis alternativa de los hechos.
En el alegato contra Daniel Cámeron, el fiscal Diego Luciani pidió la pena de 4 años de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En tanto, para el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, solicitó la pena de 3 años y 6 meses de prisión, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable de los mismos delitos.
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El cronograma de alegatos
Durante las próximas audiencias continuarán presentando sus alegatos la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, para quien la fiscalía solicitó 4 años de prisión como presunto partícipe necesario de negociaciones incompatibles como funcionario de Estado.
De Vido permaneció hasta ahora en la cárcel de Ezeiza, condenado por administración fraudulenta en la causa de la tragedia de Once, aunque en las últimas horas la Cámara de Casación le otorgó la prisión domiciliaria por razones sanitarias.
También se escucharán a los abogados del exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y del exsubgerente de CAMMESA, Julio Armando Bragulat.
Luciani requirió para Beuret una pena de 3 años y 6 meses por considerarlo partícipe necesario, y para Bragulat, pidió la absolución, porque consideró que su participación no fue acreditada.
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La acusación
El Ministerio Público Fiscal indicó que los acusados, posicionados en sectores estratégicos del Estado Nacional, “diseñaron una coreografía administrativa para conectar a CAMMESA con la empresa beneficiaria”.
Según su teoría del caso, Odebrecht se transformó, sin competencia, en la adjudicataria de un multimillonario contrato que superó los 900 millones de dólares, solo por el tramo de expansión asignado a CAMMESA”.
Según su hipótesis, crearon una nueva reglamentación que modificó el rol de las prestatarias y permitió desviar las contrataciones a las empresas; y en consecuencia, todo el poder sobre las obras quedó concentrado en De Vido, Daniel Cámeron, y Cristian Folgar.
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A su vez, detallaron que con la creación de los fondos fiduciarios para financiar las obras, el Estado asumió en el 2004 “un rol protagónico en el sector”.
Esos fondos se nutrían de cargos extras y obligatorios a los grandes usuarios de gas, con el fin de financiar la expansión de la red.
Los fiscales indicaron que los cambios en las bases del concurso habrían permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el único objetivo de concretar la contratación de la empresa Odebrecht.
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Para Luciani, Daniel Cámeron fue el organizador del entramado delictivo, Julio De Vido obró como facilitador del delito, Cristian Folgar funcionó como el operador que preparó el terreno para fingir que era un acuerdo entre privados, y Luis Beuret cooperó con el plan para mostrar como legal todo el proceso de selección de Odebrecht.
Sobre el rol de Julio Bragulat, Luciani precisó que no se pudo acreditar que haya recibido indicaciones para llevar adelante los hechos que forman parte del debate de este juicio.
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