El fiscal federal Diego Luciani completó su alegato acusatorio en el juicio oral por el caso Odebrecht, vinculado a las irregularidades detectadas en la contratación para la ampliación de los gasoductos Gas del Norte (TGN) y la Transportadora Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008.
Para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el fiscal solicitó se condene a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarlo partícipe necesario, penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Actualmente, De Vido está preso en la cárcel de Ezeiza, condenado a 4 años por administración fraudulenta en la causa de la tragedia de Once. En las últimas semanas, el TOF 4 rechazó su pedido de arresto domiciliario.
En el caso del exsecretario de Energía, Daniel Cámeron, el fiscal Luciani pidió la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
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Además, para el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, la fiscalía solicitó la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Finalmente, para el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, el fiscal pidió 3 años y 6 meses e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En tanto, para el exsubgerente de CAMMESA, Julio Armando Bragulat, el fiscal pidió la absolución, porque consideró que su participación no fue acreditada.
El fiscal Luciani remarcó que este proceso de contratación debió buscar la reducción de costos. Precisó que “sin embargo, Odebrecht se transformó, sin competencia, en la adjudicataria de un multimillonario contrato que superó los 900 millones de dólares, solo por el tramo de expansión asignado a CAMMESA”.
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Sostuvo que los acusados, posicionados en sectores estratégicos del Estado Nacional “diseñaron una coreografía administrativa para conectar a CAMMESA con la empresa beneficiaria”.
Para Luciani, Daniel Cámeron fue el organizador del entramado delictivo, Julio De Vido obró como facilitador del delito, Cristian Folgar funcionó como el operador que preparó el terreno para fingir que era un acuerdo entre privados, y Luis Beuret cooperó con el plan para mostrar como legal todo el proceso de selección de Odebrecht.
El alegato
Durante las dos jornadas de argumentación, los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz plantearon el encuadre jurídico que refiere al tipo penal de negociaciones incompatibles de funcionario público, con una pena máxima de 6 años de prisión.
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Consideraron que Julio De Vido creó el marco normativo y delegó facultades en los funcionarios del área de energía para que se confeccionara “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.
Según su hipótesis, crearon una nueva reglamentación que modificó el rol de las prestatarias y permitió desviar las contrataciones a las empresas; y en consecuencia, todo el poder sobre las obras quedó concentrado en De Vido, el secretario de Energía, Daniel Cámeron, y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.
A su vez, detallaron que con la creación de los fondos fiduciarios para financiar las obras, el Estado asumió en el 2004 “un rol protagónico en el sector”. Esos fondos se nutrían de cargos extras y obligatorios a los grandes usuarios de gas, con el fin de financiar la expansión de la red.
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Los fiscales indicaron que los cambios bases del concurso habrían permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el único objetivo de concretar la contratación de la empresa Odebrecht.
Sobre el rol del exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, fue el encargado de realizar la supuesta simulación de competencias. También fue el encargado de manifestar ante el directorio que podían supervisar esa contratación, siendo que la experiencia de la compañía estaba basada en energía eléctrica.
En cuanto al exsubgerente de CAMMESA, Julio Bragulat, Luciani precisó que no se pudo acreditar que haya recibido indicaciones para llevar adelante los hechos que forman parte del debate de este juicio.
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