La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas de tres mujeres acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la extorsión. La banda, que operaba desde penales bonaerenses con apoyo externo, es la principal investigada por el suicidio del soldado voluntario Rodrigo Gómez, el joven de 21 años que se quitó la vida en diciembre pasado mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, agobiado por las amenazas.
La decisión de la magistrada se alineó con el dictamen del fiscal federal Federico Iuspa, quien se había opuesto a que las imputadas recuperaran la libertad al considerar la gravedad de los hechos, la existencia de riesgos procesales y la posibilidad de que la organización continúe operando o entorpeciendo la investigación si sus miembros regresan a la calle.
El caso que conmocionó a Olivos
La investigación se inició el 16 de diciembre de 2025, tras el hallazgo del cuerpo de Gómez en el interior de una de las garitas de seguridad de la residencia presidencial. El joven, perteneciente al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, utilizó su arma reglamentaria para terminar con su vida.
Junto al cuerpo, los investigadores encontraron una carta. En ella, la víctima explicaba que había tomado la drástica decisión tras ser víctima de una extorsión sistemática que lo había dejado sin salida económica y emocional. Ese manuscrito fue la llave que permitió a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) y a la fiscalía de San Isidro desentrañar el funcionamiento de una red delictiva que operaba con impunidad desde el encierro.
La mecánica del engaño
Según reconstruyó la pesquisa, la banda criminal tenía una estructura mixta. Era liderada por dos internos alojados en la Unidad N° 36 de Magdalena y contaba con la participación de otro preso en la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos. Las mujeres detenidas cumplían un rol logístico clave en el exterior: facilitaban sus cuentas de billeteras virtuales para recibir el dinero de las víctimas y proveían chips telefónicos para que los reclusos pudieran operar desde las celdas.
El modus operandi era despiadado y repetitivo. Los delincuentes creaban perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, específicamente en “Evermatch”, para captar hombres y derivar la conversación a WhatsApp. Una vez establecido el vínculo, comenzaba la pesadilla.
La víctima recibía un audio de una mujer que decía ser la madre de la joven contactada, advirtiendo con tono desesperado que su hija era menor de edad y que estaban en la comisaría para radicar una denuncia. Acto seguido, entraba en escena un falso policía -cuya identidad era usurpada-, quien presionaba al hombre para que transfiriera dinero de inmediato bajo el pretexto de “arreglar la situación” y evitar una causa penal.
En el caso del soldado Gómez, la presión fue insoportable: el 15 de diciembre, un día antes de su muerte, lo obligaron a transferir $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago controladas por la banda.
Riesgos procesales y “gran capacidad organizativa”
Al fundamentar su rechazo a las excarcelaciones, la jueza Arroyo Salgado destacó la “gran capacidad organizativa” del grupo criminal, lo que demuestra una posibilidad concreta de que intenten eludir el accionar de la justicia o volver a cometer delitos.
El fiscal Iuspa había advertido en su dictamen que la libertad de las imputadas podría poner en riesgo la recolección de pruebas pendientes. Específicamente, los investigadores aguardan los resultados de los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos del pasado 9 de febrero. De esos dispositivos podrían surgir vínculos con terceras personas aún no identificadas o nuevas víctimas que, por vergüenza o miedo, no han denunciado.
Además, el fiscal subrayó el peligro de que las acusadas intimiden a testigos, recordando que la metodología de la banda se basaba precisamente en la amenaza de difundir aspectos íntimos -aunque falsos- de las víctimas en sus entornos digitales y laborales.
Múltiples víctimas y cargos graves
Hasta el momento, a la organización se le atribuyen al menos tres hechos comprobados entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, aunque se sospecha que el número real de damnificados es mucho mayor.
Además del caso de Gómez, se comprobó que el 26 de diciembre otro hombre fue forzado a transferir $15.000, y que a fines de ese mes una tercera víctima depositó $116.000 en las cuentas de las mujeres investigadas.
Todos los detenidos están imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a la extorsión mediante intimidación y simulación de autoridad pública. Sin embargo, la imputación más grave recae sobre los cabecillas de la banda que operaban desde la cárcel: a ellos se les imputó formalmente la instigación al suicidio del soldado Gómez, un delito que podría elevar significativamente la pena en un eventual juicio oral.