Este miércoles entró al despacho del juez de garantías Juan Pablo Masi el pedido para dictar la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dirigentes kirchneristas y empleados del Senado bonaerense acusados de múltiples abusos sexuales que habrían tenido como víctimas a empleadas legislativas y militantes de su espacio.
A lo largo de la última semana declararon como testigos docentes y estudiantes que conocen a los sospechosos, amigas y compañeras de militancia de las víctimas, la expareja de una de las denunciantes y una funcionaria del Municipio de La Plata.
Ya con un cuadro más completo del caso, la fiscal Betina Lacki consideró que tiene pruebas suficientes para requerir que los imputados vayan presos preventivamente, algo necesario además para resguardar a las víctimas y procurar el avance de la investigación.
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Ahora el magistrado de garantías deberá recibir a los acusados y a la querella, en una audiencia presencial que se llevará adelante el viernes, en La Plata. Luego de la misma, donde se escucharán argumentos de todas las partes, el juez decidirá si deja detenidos a Rodríguez y Silva Muñoz.
De momento, están imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber resultado un grave daño en la salud mental de la víctima, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio, con nueve hechos documentados.
El caso
Cuatro mujeres denunciaron a los acusados: dos en una causa de 2019 y otras dos en una radicada en 2025; ambas bajo la instrucción de la UFI N° 2 de La Plata.
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Los dirigentes kirchneristas son pareja y eran referentes de la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana, espacio que consiguió ubicar a Silva Muñoz como precandidata a concejal en 2021, por el Frente de Todos.
De acuerdo a lo que se desprende de las denuncias radicadas en la Justicia, tenían una metodología: captaban víctimas jóvenes, por lo general adolescentes o recién mayores de edad, en algunos casos con promesas educativas o laborales en el Estado o la militancia.
Una vez que se ganaban su confianza, las introducían en un plano místico: la secta “Orden de la Luz”, de la que hablaron varias víctimas. Nicolás Rodríguez decía ser un “Dios Kiei” y Daniela Silva Muñoz la “sensei”.
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En su rol de maestra espiritual, Silva Muñoz -según dijeron las denunciantes- era quien coordinaba los encuentros sexuales y quien las convencía de que debían satisfacer los deseos del líder para alcanzar un propósito superior. Habría facilitado el acceso de su pareja a las víctimas e incluso habría sido testigo presencial de algunos hechos de abuso.
La dirigente kirchnerista está imputada como partícipe necesaria de los abusos sexuales agravados, de los cuales al menos uno ocurrió dentro de la Cámara de Senadores de la provincia.
Las mujeres que denunciaron también dijeron haber sido perseguidas en la vía pública, acorraladas en sus propios domicilios y sometidas a tratos extraños, como ser llevadas a un descampado a esperar cosas o personas que nunca aparecían.
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Al dictar la primera orden de detención, en diciembre, el juez de garantías Juan Pablo Masi consideró que hay pruebas suficientes para afirmar que “las víctimas eran encerradas evitando que puedan escapar de la situación y así poder abusarlas, siendo que en los hechos de acceso carnal (Rodríguez) no utilizaba preservativo y luego de ello, comenzaba a acosarlas y perseguirlas”.
Mientras que Daniela Silva Muñoz, según resolvió el magistrado, “era la referente de género de todas las femeninas de la agrupación. Sin embargo, en vez de cuidarlas, en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo”, como la erradicación de la violencia contra las mujeres, “persuadía a las integrantes de su agrupación a presentarse en su domicilio o en la propia oficina del Senado, dejándolas encerradas con Nicolás para que éste abusara de ellas, siendo que en otras oportunidades, hasta participaba de los abusos”.